Juana, indí­gena quiché de 42 años, analfabeta y madre de 11 niños, fue maltratada, violada sexualmente, insultada y humillada por agentes de la PNC dentro de la Comisarí­a de Nebaj.

Sin el menor conocimiento de sus derechos la retuvieron durante varios dí­as para rendir declaración ante un juez.

Los guardias que la custodiaban aprovecharon la espera. A punta de pistola la obligaron a desnudarse y mientras recibí­a insultos y burlas por parte de varios agentes, fue violada sexualmente. Al finalizar el acto, le exigieron que caminara desnuda por varios de los pasillos del lugar.

Juana dejó por un lado el silencio. Al dí­a siguiente, cuando fue recibida por un juez, contó todo lo que habí­a pasado. Identificó a dos de sus agresores, los policí­as Nery Aldana y Rutilio Matí­as. Varios testigos confirmaron su versión.

Los hechos ocurrieron en enero de 2005 y fue hasta esta semana cuando el Ministerio Público terminó con la investigación y decidió sobre el caso: se continuará el proceso contra los dos policí­as por los delitos de violación sexual y abuso de autoridad. A pesar que cuenta con todas las caracterí­sticas, el hecho no fue catalogado como un acto de tortura.

De acuerdo con una investigación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala el 72% de las mujeres que son detenidas sufren algún tipo de abuso por los agentes de seguridad; el 25% han sufrido de abusos sexuales.

La convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, ratificado por el Estado de Guatemala, señala como «tortura» todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves… por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas? o con su consentimiento.

Al considerar el hecho como un acto de criminalidad cotidiano el MP demostró nuevamente su incapacidad para llamar a las cosas por su nombre. Hizo gala de su mala reputación como investigador y garante de la justicia.

Este hecho es un reflejo del deterioro del sistema y de la polí­tica del actual gobierno que prefiere guardar silencio ante la impunidad que golpea al paí­s. Más bien se mofa, como lo demostró el presidente í“scar Berger cuando aseguró que vamos avanzando en materia de seguridad, a pesar de los altos í­ndices de criminalidad que se reportan en el paí­s.

Aquí­ no gana nadie. Juana se atrevió a contar lo que habí­a pasado y sentó un precedente al lograr que su caso fuera el primero en avanzar. Pero quienes dominan al Estado y buscan su debilitamiento, obligan a las mujeres y a otros sectores marginados de la sociedad a soportar cualquier tipo de violación, a guardar silencio y a no creer en la justicia.