El Informe sobre el Estado: papel de las fuerzas armadas y de seguridad, de la Conferencia sobre Transición y Consolidación Democráticas, convocada por el Club de Madrid en 2001, en su desarrollo y referido a las Fuerzas Armadas en este caso; resalta, que «un área crucial para cumplir con los procedimientos de una democracia moderna es la participación de los parlamentos en el debate y control de los presupuestos asignados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El proceso de asignación de recursos y los presupuestos deben ser transparentes. Para ello, además del control ejercido por el Congreso en su papel fundamental de participar en la asignación de recursos, es central que los medios de comunicación y la ciudadanía participe en el debate de las misiones y el presupuesto de las Fuerzas Armadas».
Importante afirmación, pero esta participación no se logra si no se desarrolla el conocimiento civil en cuestiones de defensa, conocimiento que en la mayoría de los países que tuvieron gobiernos autoritarios, fue un campo reservado exclusivamente a las propias Fuerzas Armadas. Tanto el Gobierno, como las instituciones de la sociedad civil, deben realizar una inversión para formar expertos que puedan asesorar a los congresistas y funcionarios de los ministerios de Defensa, asumiendo en este último caso, que la conducción compete exclusivamente a civiles. Simultáneamente, el desarrollo de institutos de estrategia y cátedras e investigaciones en las universidades contribuyen a crear una creciente comunidad de defensa que alimenta el debate y el monitoreo de las cuestiones de defensa y seguridad. En este ámbito debe incluirse también a los centros académicos, ONG’s y periodistas.
Una discusión pública de las misiones y recursos de las Fuerzas Armadas es vital para una democracia vigorosa. La normalización democrática de las relaciones entre el Estado y las Fuerzas Armadas exige que se incluya a la sociedad, para generar confianza mutua entre los tres sectores. Buenas relaciones de la sociedad con su gobierno, son fundamentales para determinar el control democrático de las Fuerzas Armadas por parte de ese gobierno.
Algo que no hay que perder de vista en el informe es la afirmación que una sociedad democrática se pueda beneficiar, que las Fuerzas Armadas cumplan fundamentalmente con las misiones de defensa externa, mientras que otras instituciones cumplen misiones de seguridad interna. De vez en cuando, y en forma temporal y transitoria, podrían realizar algunas funciones internas los militares, por ejemplo, en situaciones de catástrofe o de alteración del orden público. Pero aún en estos casos excepcionales, lo importante es que debería realizarse bajo instituciones de control democrático, lideradas por políticos. Según el informe, un parámetro que se podría utilizar para determinar los límites de la ejecución de tareas de seguridad interna, por parte de las Fuerzas Armadas, sería prohibir toda aquella acción que implique que los militares realicen inteligencia interna sobre la propia sociedad.
Al respecto de la utilización de las Fuerzas Armadas para funciones de seguridad pública, es interesante la posición de Lucia Dammert en su último artículo en Foreign Affairs (mayo 2007). Ella considerable «inevitable» la participación, y refiere que a «inicios de los 90 la subordinación política de los militares, así como su especialización en temas de defensa, fueron ejes centrales de análisis debido a su participación negativa en la política nacional durante las décadas previas. En ese entonces, proponer su reinstalación en temas internos era prácticamente impensable. Sin embargo, en la actualidad se experimenta una situación especial respecto de la participación militar en funciones policiales que tiende a considerarse inevitable por diversos motivos».
(continuará)