Son muchos los guatemaltecos y múltiples los editoriales que han señalado que nos encontramos ante un Estado débil, ante un Estado que se acerca a tener características de fallido. Tristemente es cierto.
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Durante la crisis provocada por las improcedentes acciones del presidente Jorge Serrano y la renuncia del vicepresidente Gustavo Espina, una vez electos los sustitutos de presidente y vicepresidente por el congreso, Ramiro de León Carpio y Arturo Herbruger Asturias, la solución democrática que restableció -en parte el prestigio del Congreso y la concordia nacional, superando esa crisis fue el recurrir a modificar la Constitución vía consulta.
Los acuerdos de paz, los múltiples temas que se han venido señalando por personas de diferente corriente de opinión, evidencian que la actual Constitución debe urgentemente ser reformada, los aspectos a reformar son múltiples y abarcan la mayoría de las áreas que contempla la Constitución. Sólo un poder constituyente puede y debe hacerlo, de lo contrario el próximo gobierno continuará avanzando hacia el precipicio hasta llegar a las cenizas de un Estado y propiciar así un caos; es decir, un Estado fallido.
El momento para actuar es propicio, el 2 de mayo el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales. Adicionar una papeleta para elegir constituyentes no tendría casi ningún costo a un proceso que nos costará la enorme cantidad de Q409 millones.
El período anual de sesiones del Congreso está dividido en dos ciclos, si es necesario debe sesionar extraordinariamente. En este momento, los diputados al Congreso de la República, la Comisión Permanente, sus bancadas están ante la ineludible obligación de entrar en sesiones extraordinarias con el fin único y específico de evaluar, conocer y dictaminar sobre si convocan o no a la reforma constitucional.
El tiempo y el momento es propicio, suficiente para evaluar y disponer que el Tribunal Electoral convoque a elección del poder constituyente, la fecha, el día más conveniente para hacerlo es coincidiendo con la primera vuelta, estamos a tiempo, URGE HACERLO.
Todo guatemalteco que ame a nuestra patria, que desee el Estado de Derecho y la permanencia de un sistema democrático debe apoyar y requerir que el Congreso de la República proceda a tomar esta decisión.
La convocatoria a elección de un poder constituyente sería el mayor triunfo y el mayor logro que podría hacer la actual legislatura, sería el hecho que les otorgaría la justificación a la mayoría de diputados que pretenden reelegirse.
Cualquier guatemalteco o grupo de poder que pretenda condicionar u oponerse a rehacer el pacto social evidenciaría su mala fe, su baja catadura y su deseo que Guatemala continúe deteriorándose y acercándose a un Estado fallido donde reine la inseguridad y la pobreza en la mayoría de las familias y la concentración del poder y la riqueza en una pequeña cúpula.
Si los partidos políticos, sus candidatos, sus comités ejecutivos y la sociedad organizada no reconocen y exigen la urgente necesidad de recomponer el pacto social, serán corresponsables del fracaso.