Se tiene la impresión de que las anomalí­as que han existido, y que pueden o no haber sido decisivas en anteriores comicios, no fueron realizadas ni ejecutadas por esas personas, pero sí­ permitidas. En otras palabras, los responsables de las Juntas Departamentales y Municipales, al momento de integrar la estructura que llega hasta las mesas receptoras, pueden facilitar la ubicación de ciertas personas que serí­an las ejecutoras de cualquier tipo de manipulación.

Pocos casos tan ilustrativos como el famoso apagón que se produjo en tiempos de Ramiro de León Carpio y que sigue siendo una verdadera mancha sobre los procesos electorales realizados a partir de la vigencia de la ley que creó el Tribunal Supremo Electoral. La versión oficial de una rama que cayó sobre el tendido eléctrico causando un apagón en todo el paí­s es comparable al diario del soldadito que apresuradamente escribieron luego del asesinato de Castillo Armas, es decir, una patraña insostenible. Por ello, y porque se intuye de dónde vino el apagón, es que algunos dicen medio en broma y medio en serio que sí­ fue una rama, pero que la misma fue de laurel.

Yo he dicho que el Tribunal Supremo Electoral debe tener especial cuidado en que las cosas no sólo sean transparentes, sino que además lo aparenten porque las elecciones, más que la mujer del César, tienen que ser y aparentar para que el proceso democrático no tenga esas manchas que lo minan terriblemente. Y se trata, entonces, de evaluar si la «experiencia» previa es más valiosa que la confianza que puedan generar figuras transparentes que, por lo menos, no hayan obtenido beneficio personal o familiar como resultado de su participación en procesos electorales. El Vicepresidente dijo recientemente que es absurdo pretender que la gente que participa en los procesos electorales no pueda luego ejercer sus derechos ciudadanos optando a cargos públicos, pero se puede encontrar gente que con verdadero espí­ritu cí­vico esté dispuesta a ayudar en el manejo de los comicios sin que aspire a un nombramiento en el nuevo gobierno. Lo otro, lo que hizo la ministra Aceña, por ejemplo, no es ilegal, pero provoca suspicacias que en aras de la transparencia vale la pena evitar.

Creo yo que quienes quieren un ministerio o un cargo de gobierno o aquellos que pretenden simplemente un contrato jugoso para un pariente cercano, deben por decoro abstenerse de conformar esas Juntas porque comprometen no sólo al Tribunal Supremo Electoral sino a todo el proceso. Realmente no es mucho pedir que quienes tienen la voluntad y vocación de servir al paí­s en el montaje y manejo del proceso electoral, se comprometan a abstenerse de buscar beneficios para ellos o sus familiares con el gobierno electo en los comicios que administraron. Ello da tranquilidad a todos y eliminarí­a las justas preocupaciones partidarias sobre eventual mano de mono el dí­a de las elecciones.