Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca, mujer de lucha de muchos años, y al igual que otros miembros de su familia, víctimas de la represión en la época del terrorismo de estado, al punto de haber sufrido el profundo pesar de la pérdida de un hermano y de su padre en el incendio de la embajada de España, durante el gobierno del sanguinario presidente Lucas García. Al inicio de su juventud fue revolucionaria combatiente del Ejército Guerrillero de los Pobres, comprometida a realizar en el país el cambio de la estructura política, social, económica y moral de Guatemala, mediante el establecimiento de un sistema auténticamente democrático, es decir, no sólo representativo sino participativo que abriera las puertas a la ladinidad pobre y a la gran mayoría de la población, o sean las comunidades indígenas, el acceso a condiciones dignas de vida.
Su ejemplar pasado le fue reconocido nacional e internacionalmente y mereció el galardón del Premio Nobel de la Paz.
Sin embargo, e indudablemente debido al cambio en su nivel de vida al haber recibido los miles de miles de dólares que acompañan al Premio Nobel, la infatigable luchadora por los derechos de la grey guatemalteca, principalmente de la mayense, comenzó a distanciarse de ese cometido y acercándose al minoritario grupo social que desde el siglo XVI, de la Conquista y Colonización española, la de sectores criollos a partir de la declaración de Independencia, en 1821, y de la Reforma Liberal que si bien modernizó Guatemala, lo hizo a costa de la más cruel e inhumana explotación del indígena. Toda esta triste y vergonzosa historia la conocía bien la combatiente Rigoberta, no sólo por el estudio de la ciencia de los hechos y acontecimientos importantes acaecidos en una sociedad, sino en carne propia por haber sido su familia víctima de las atrocidades de la clase dominante. A pesar de ello, cometió el gravísimo error de servir a un gobierno heredero de la tradición dominadora, y echar por la borda su misión revolucionaria en favor de los pobres y de los explotados.
Recientemente, con motivo de la cumbre de representantes indígenas reunida en esta capital ella se ausentó del país para recibir ayuda financiera de partidos políticos desacreditados en México o de su socio en la red de Farmacias Similares y, posteriormente a los Estados Unidos, a sabiendas de la posibilidad que estuviera en Guatemala Evo Morales, el presidente de Bolivia, cuya solidaridad no quiso aceptar.
Rigoberta ha decepcionado no sólo a los ladinos que la admirábamos sino a sus hermanos y mayenses, que ya no la acompañaremos en su campaña presidencial.
El caso del «gusano» cubano, Luis Posada Carriles, evidencia la índole hipócrita y de dobles valores del gobierno de los Estados Unidos de América, que blasona de ser defensor de los derechos humanos, no sólo dentro de sus fronteras, sino en el mundo entero y, además, ser campeón en la lucha contra el terrorismo. La verdad es que, respecto a los derechos humanos, éstos le son negados a la población de ascendencia africana, hispanoamericana y del Medio Oriente y otras regiones del planeta y, aún del norteamericano sajón, en resguardo de la llamada «seguridad nacional».
Respecto al terrorismo sólo recordemos las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki y dieron muerte a miles de miles de personas, en Afganistán, en Irak, en todos los continentes y países, incluso Guatemala, en 1954.
Pero al terrorista Luis Posada Carriles, quien saboteó un avión tripulado por 73 personas que murieron en suelo venezolano, el régimen del presidente Bush, en vez de extraditarlo a Venezuela como lo ha demandado el presidente Hugo Chávez, se le declara inocente y se le deja libre.
Delegados de más de veinte países de nuestra América, representantes de movimientos sociales y políticos, condenaron esa injusticia norteamericana, mejor dicho del fascistoide Bush, así como los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, Evo Morales, de Bolivia, René Preval de Haití, Carlos Lage, Vicepresidente de Cuba, todos reunidos en la histórica V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América y Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).