Esta mañana, leyendo por internet las noticias, encontré como coletilla de la información sobre el paro de los maestros una declaración ofrecida a El Periódico por el abogado Roberto Molina Barreto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, en la que dice que la CC amparó al Gobierno por el tema del reglamento a la ley general de educación, cuya ordenanza nunca emitió el ejecutivo. Barreto hasta parece regañar, según el contenido de la nota, a los diputados porque dice que antes de rechazar el veto tenían que haberle consultado a la Corte y que como no lo hicieron, se decidió otorgar el amparo al Ejecutivo.
ocmarroq@lahora.com.gt
La capacidad de asombrarse por los fallos políticos en la Corte de Constitucionalidad parecía terminada con el caso Ríos Montt, pero honestamente hablando la situación va de mal en peor porque este fallo es tanto o más aberrante que aquel. No puede ser que la Corte de Constitucionalidad, llamada a velar por el cumplimiento de la ley, sirva de palanca para que el Ejecutivo se pase la legalidad por el trasero. Hace años que empezó esa política de buscar instrumentos legales que permitieran jugar la vuelta a la legalidad y así fue como se crearon los fideicomisos para evadir la ley de compras, las sociedades anónimas para vender activos del Estado y la no emisión de reglamentos para evadir la aplicación de leyes emitidas por el Congreso de la República. Y el colmo es que la Corte de Constitucionalidad sea la tapa al pomo para dar plena vigencia a la mañosería.
Si la opinión fuera de Barreto no habría mucho problema porque sería apenas la opinión de quien usó al Cedecon para hacerse figura y buscar empleo, lo cual logró al ser nombrado Procurador General de la Nación en este gobierno y luego designado por el mismo para ir a la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, sabemos que su criterio jurídico está determinado por sus propios intereses y no puede uno, a menos que peque de baboso, esperar otra cosa. Pero que haya sido una resolución aprobada por al menos tres de los magistrados es algo que lo deja a uno helado porque en este caso es absolutamente evidente que el Congreso tiene absoluta razón al exigir al Ejecutivo que emita el reglamento que se requiere para que la ley que está vigente sea aplicada.
Lo que los diputados tienen que hacer ahora, en ejercicio de sus facultades, es desarrollar la Ley de Educación hasta en aspectos reglamentarios para garantizar que se pueda aplicar y por lo tanto que impere el Estado de Derecho. Es facultad del Congreso hacerlo y de esa forma sentarían un precedente para evitar que en el futuro algunos funcionarios que se pasan de vivos encuentren en la falta de reglamentos el camino para engavetar, de hecho, leyes aprobadas y sancionadas con apego a la normativa vigente.
Pero aunque exista una salida al aberrante criterio expuesto por el abogado Barreto, eso no quita que estemos frente a una situación espeluznante, porque anticipa cómo actuará esta Corte en el año que falta al gobierno de Berger. Se trata, otra vez, de una Corte de Constitucionalidad politizada, que adecua sus fallos al criterio político del Gobierno aunque ahora, a diferencia del pasado, la prensa en general no sea tan crítica y la opinión pública no se rasgue vestiduras porque no entiende la dimensión de lo que está pasando.