El haber aceptado Rigoberta Menchú, públicamente, ser precandidata a la Presidencia de la República, a propuesta de Nineth Montenegro, implica enormes obligaciones. Su pretensión política no la desliga de haber sido honrada con el premio Nobel de la Paz 1992.
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Lo que Rigoberta Menchú Tum, Nineth Montenegro y las múltiples personas que la asesoran y la rodean deben preguntarse es:
a.) Debe ella aspirar a la primera magistratura del país sin antes tener la vivencia y adquirir la experiencia política que implica ser diputada al Congreso de la República.
b.) Es ella, a nivel nacional, reconocida como la persona que aglutina o puede aglutinar las aspiraciones de la mayoría de los guatemaltecos, especialmente de los líderes de las diferentes etnias.
c.) Puede Rigoberta Menchú, sin percatarse, convertirse en este momento en un factor que le permita a los grupos de poder ocultos debilitar la candidatura o las candidaturas de algunas personas con mayor experiencia y mayores probabilidades de ser electos a la presidencia de la República y con ello beneficiar a estos grupos de poder y a las personas que éstos grupos impulsan en la próxima elección para mantener sus privilegios y sus influencias de poder.
d.) De dónde obtendría Rigoberta Menchú y las personas que la están proponiendo, especialmente Nineth Montenegro y sus seguidores, los recursos económicos para costear y realizar legalmente una campaña electoral a nivel nacional.
Rigoberta Menchú, Otilia Lux de Cotí, Nineth Montenegro, Alberto Fuentes Knight y compañeros saben el peligro que implica, consciente o inconscientemente, convertirse en «Caballo de Troya»; siempre existe la intención de quienes han manipulado, obstaculizado el desarrollo del país, de pagar o aportar para que sus privilegios se mantengan y se incrementen, pero también esto no puede ser el justificativo para que ellos no participen en política partidaria en las próximas elecciones.
Una muestra importantísima de su compromiso social, de su compromiso con la paz y con los acuerdos de Estado que se negociaron para la terminación del conflicto en nuestro país, debe ser el requerir la inmediata enmienda de la Constitución de la República, no por un capricho sino como la muestra de la búsqueda del bien común, de la actualización del pacto social. Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa han trazado por ésta importante vía el camino de la búsqueda de la identidad de nación en sus respectivos países.
Guatemala no tiene alternativa democrática más que refundir el pacto social y recoger, tanto los conceptos plasmados en los Acuerdos de Paz, como en la frustrada reforma constitucional, y otras urgentes necesidades; por ejemplo, establecer la igualdad en los ministros de defensa para que pueda ser un civil, hombre o mujer; variar el servicio militar y dar la clara alternativa del servicio social obligatorio, como lo hacen en Europa, en Cuba, dentro y fuera de su país, en el área médica, todo lo cual debe de hacerse a través de una constituyente para que los poderes cupulares económicos no puedan impedir el progreso social y pacífico de nuestro país.