También es un agravio contra el propio pueblo de Estados Unidos, y constituye un mentí­s a la presunta «guerra contra el terrorismo» emprendida por el gobierno de George W. Bush.

Estas son algunas de las preguntas que conlleva la liberación de Posada Carriles: ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos permitió que el terrorista ingresara en suelo norteamericano a pesar de los llamados de alerta formulados por el presidente Fidel Castro? ¿Por qué el gobierno norteamericano lo amparó durante los meses que permaneció ilegalmente en su territorio? ¿Por qué, teniendo todos los elementos para ello se limitó, el pasado 11 de enero, a acusarlo de delitos de menor cuantí­a, de carácter migratorio y no por ser un asesino?

¿Por qué lo liberan, cuando la propia Jueza Kathleen Cardone, en su fallo del 6 de abril que ordenó la excarcelación del delincuente, reconoció que es acusado «de haber estado involucrado en algunos de los hechos más infames del siglo XX»? Algunos de estos hechos son la invasión de la Bahí­a de Cochinos, el escándalo Irán-Contras, el derribo del vuelo 455 de Cubana de Aviación y las bombas de 1997 en centros turí­sticos de La Habana?

¿Cómo es posible que liberen al más notorio terrorista que ha existido en el hemisferio occidental y permanezcan en prisión cinco jóvenes cubanos, cuyo único delito ha sido luchar contra el terrorismo?

Para Cuba, la respuesta es que la liberación del terrorista la gestó la Casa Blanca, para que Posada Carriles no divulgue los innumerables secretos que conoce como agente de los servicios especiales norteamericanos, y que ha actuado contra varios pueblos del mundo.