Con la publicación de la convocatoria a elecciones generales arrancará la competencia entre candidatos, cuando lo deseable sería que la disputa fuera entre verdaderas propuestas para sacar adelante al país, erradicando los males de la pobreza, la injusticia, la corrupción y el narcotráfico.
LA FALTA DE respeto a las leyes es una constante en la vida cotidiana, que tiene graves repercusiones en la vida individual y colectiva de los guatemaltecos. El irrespeto a las normas se da no sólo en los ciudadanos, sino en las autoridades, y en aquellos que pretenden alcanzar el poder, por medio de las urnas.
La pérdida de sensibilidad jurídica, la falta de ética en quienes, conociendo las leyes, las violan, es realmente grave, por cuanto los ciudadanos dejan de tener respeto por la autoridad, encarnada en el funcionario, y también en la institución que éste representa. Y, entonces, en lugar de que la autoridad constituya un ejemplo digno de ser imitado, se convierte en factor de destrucción de las instituciones y del Estado de Derecho.
EN LA ACTUAL coyuntura política, algunos partidos y los diputados al Congreso de la República han jugado el papel del maligno, porque han violentado las normas electorales y porque con esa actitud, a veces desafiante del sistema jurídico, la han emprendido en contra del Tribunal Supremo Electoral, con lo cual amenazan su institucionalidad.
Traigo a primer plano, la «publicidad anticipada» de algunas organizaciones partidarias, como si por madrugar amaneciera más temprano, y luego, los recursos planteados contra resoluciones del TSE, respecto de las flamantes vallas y campañas, que supuestamente sólo llamaban a la afiliación partidaria. ¿Creyó usted en esa explicación marrullera? Es obvio que algunos partidos violaron las normas electorales y que el tribunal está atado de pies y manos, mientras no existe un régimen sancionatorio, que tipifique los delitos electorales. Y para variar, este escenario puso nuevamente en evidencia la falta de aplicación pronta de la justicia.
A DIFERENCIA DE otros procesos electorales, este año la campaña política está declarada de hecho. De esta manera, la publicación en mayo de la convocatoria a elecciones generales constituirá el banderazo oficial, pues como diríamos en la crónica ciclística «la salida en falso» ya se dio desde hace buen tiempo.
Lo que muchos guatemaltecos queremos -ojalá fuera la mayoría- es que los candidatos a todos los cargos de elección popular, desde la presidencia de la República, hasta los de corporaciones municipales, pasando por los aspirantes a diputados, respeten fielmente las normas del proceso electoral, que son dictadas por la autoridad competente. Con una actitud de respeto a la ley, los candidatos enviarían un mensaje positivo a la población, que posiblemente pensaría que esas personas pueden ser igualmente respetuosas, en caso de ganar una elección.
LOS CIUDADANOS debemos estar atentos para advertir la falta de coherencia entre el discurso y la conducta política de los candidatos. Por aquí debemos comenzar a pedirles cuentas, para lo cual es necesaria la organización comunitaria, porque en forma individual las posibilidades de alguna incidencia son extremadamente limitadas.
Y para motivar a esta conducta ciudadana, concluyo con algunas preguntas: ¿Pueden los políticos que violaron normas electorales invocar respeto a la ley?, ¿cómo calificar la prórroga solicitada por los partidos para cumplir normas del Reglamento de la Ley Electoral?, ¿existe una tesis unívoca, irrefutable y justificada de por qué los diputados no aprobaron los delitos electorales?, y, finalmente, ¿podemos los ciudadanos estar seguros del origen, monto, uso transparente y destino de los fondos que sean recaudados para cada partido político, en la próxima campaña electoral?