La industria de las promociones o «regalos de campaña» representa una pujante actividad que en los próximos comicios arrojará a dicho sector recursos de, por lo menos, unos 60 millones de quetzales. De difícil fiscalización, los partidos centrarán en esa industria del regalo, gran parte de su estrategia terrestre de penetración entre la sociedad guatemalteca, de manera fundamental entre los estratos de bajos recursos económicos.
Gorras, llaveros, plumas, calendarios de bolsillo, playeras, tasas grabadas, fólderes, cartapacios, banderas con base plástica para poner en las ventanas de los vehículos, cornetas, pitos, CD´s de música de campaña o con bases de datos y fotos del candidato, mochilas, bolígrafos, despensas (canastas con alimentos básicos), navajas y publicidad externa, son algunos de los regalos que ambientan las campañas y que se entregan a quienes acuden a los mítines con el deseo de obtener algo.
En Guatemala valdría la pena saber cuántas empresas están registradas bajo el rubro de «promocionales» o utilitarios en el Registro Mercantil; en los departamentos también hay algunas dedicadas a esos trabajos como la serigrafía, estampados y similares que reportan ingresos a la SAT, algunas de ellas se anuncian por Internet.
Se calcula que de los ingresos destinados para gastos de campaña, un 55 o 60 % se eroga en medios impresos y en «spots» de radio y televisión; lo que equivale a sumas millonarias que el pueblo de Guatemala no conocerá, porque los partidos no suelen indicar el monto real a invertir en propaganda electoral y «regalos de campaña».
Los gastos de operación, que son los que realizan los partidos en su logística; transporte, hospedajes, mantas, lonas, sillas, toldos, láminas, herramientas de agricultura, sombreros, viseras y comida, serían los más difíciles de auditar, porque las contrataciones no se realizan por medio de rigurosa facturación, lo que implica en términos reales casi imposible controlar y contabilizar para efectos tributarios.
La SAT podría convenir con las empresas dedicadas a los negocios promocionales la entrega de copias de las facturas de los bienes que compren los partidos políticos; esto con el fin de transparentar las compras que realicen y que las facturas y las empresas que estén proporcionando los servicios y bienes cumplan con los requisitos fiscales y/o tributarios.
El Tribunal Supremo Electoral determinó el monto de la cantidad a invertir en las campañas, entonces la SAT recibirá de los partidos políticos o de las empresas, la facturación correspondiente por la cantidad autorizada; lo que producirá un ingreso ineludible a las arcas nacionales. La SAT y el TSE deberán exigir a los partidos políticos que presenten la facturación de los gastos correspondientes a las cantidades que reciben después de las elecciones; porque siendo dinero nacional o sea dinero público que tiene una finalidad específica – que es la que menciona la ley -deben estar sujetos a fiscalización, de otra forma, podría utilizarse ilegalmente ese dinero para gastos personales del caudillo, líder o propietario del partido político.
Las aportaciones en especie provenientes de empresas mercantiles, las donaciones provenientes del extranjero deben ser fiscalizadas para efectos tributarios. Aparte de ello, los partidos políticos DEBERíAN DE PAGAR IVA por las cantidades facturadas, lo que equivaldría a un pequeño resarcimiento al Estado de la inversión ocasionada en el montaje de las elecciones generales de este año.