El argumento resulta incuestionable si aceptamos que existen hechos que apuntan a la práctica de una limpieza social mediante ejecuciones extrajudiciales y que en ellas participaban las fuerzas de seguridad. El problema para el titular de Copredeh es que su punto de vista parece no ser plenamente compartido por su jefe, el Presidente de la República, quien da la impresión de querer negar la existencia de hechos que indiquen la realización de polí­ticas de limpieza social.

El argumento de LaRue resulta incuestionable a la luz de los hechos, pero no tiene sentido polí­tico en el contexto de lo que ocurre en la visión del Gobierno. Porque de lo contrario el Gobierno hubiera recibido con criterio positivo el informe del relator de Naciones Unidas para el tema de las ejecuciones extrajudiciales, a fin de iniciar cambios importantes en las fuerzas de seguridad para ponerle fin a ese fenómeno. En cambio, cuando el Presidente de la República dice que espera que ese mismo relator presente pruebas, si es que las tiene, nos está dando a entender que desde su perspectiva no hay razón para suponer que pueda haber ese tipo de polí­ticas en los aparatos del Estado y, por lo tanto, no habrí­a tampoco razón para que se piense en la necesidad de remover al Director de la Policí­a Nacional Civil.

El problema está en que aparentemente hay dos enfoques dentro del mismo gobierno que resultan no sólo incompatibles sino abiertamente contradictorios. Por un lado visiones como la de Frank LaRue, posiblemente compartida por el vicepresidente Eduardo Stein, en el sentido de que la permanencia del señor Erwin Sperisen al frente de la PNC debe terminar inmediatamente, sea porque sabí­a demasiado o porque no sabí­a absolutamente nada. Cualquiera de los dos extremos es suficiente para justificar su remoción del cargo, siempre y cuando se admita en las más altas esferas del poder que existe una limpieza social ejecutada por agentes de la PNC, tal y como lo demuestra fuera de toda duda el comportamiento de los agentes que asesinaron a los diputados del Parlamento Centroamericano porque creyeron que eran narcotraficantes.

Pero si resulta que en esas altas esferas se sostiene que no es así­, que a pesar de las evidencias hay que suponer que el relator de Naciones Unidas y cualquiera que piense en limpieza social está hablando babosadas, el argumento expresado por el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos se derrumba por completo y entonces resultarí­a que quien no tiene cabida en el Gobierno es él, puesto que evidentemente existe una marcada diferencia de criterio con el mismo Presidente de la República.

Y todas las evidencias apuntan a demostrar que al menos el Presidente de la República no acepta argumentos que se refieran a la práctica de limpieza social en el paí­s. Su rechazo poco diplomático a las conclusiones del relator, a quien exige que presente pruebas si las tiene, es una muestra de que existe poca posibilidad de entrarle a un problema que ni siquiera es reconocido y que por lo tanto no podrá ser resuelto.