Aunque pareciera obvio resaltarlo, una gobernabilidad democrática robusta es fundamental para el mantenimiento de un sistema democrático sustentable. A su vez, los vínculos entre democracia y seguridad han sido amplia y fuertemente establecidos a lo largo del tiempo, ya sea teniendo en cuenta las dimensiones tradicionales de la seguridad como también las nuevas realidades y amenazas que afectan la seguridad del hemisferio, especialmente teniendo en cuenta las dimensiones pertinentes a la seguridad humana.
En cuanto a la relación entre democracia y seguridad hacia el interior de los Estados es claro que la democracia abre canales de participación y diálogo a partir de los cuales las demandas de todos los sectores de la sociedad encuentran una cabida en el juego político y pueden ser canalizadas a través de mecanismos que no ponen en riesgo ni la seguridad de otros individuos ni la del Estado. La gobernabilidad democrática, y más específicamente los valores y mecanismos de participación ciudadana y de interacción política que ella encarna, desalientan el recurso a modalidades de expresión y protesta política que puedan atentar contra la paz, la seguridad y el orden. De este modo, se hace también evidente la relación que existe entre gobernabilidad democrática, democracia y seguridad hacia el interior de los Estados. También en relación a esto, la seguridad en el hemisferio entendida como seguridad humana, y precisamente por las propias características de esta última, no puede concretarse sino en el contexto de un sistema democrático, para la vigencia del cual es imprescindible un alto grado de gobernabilidad democrática.
En un contexto en el cual los Estados buscan comportarse de acuerdo a los imperativos de la gobernabilidad democrática, los gobiernos se ven necesariamente restringidos en la gama de recursos de los que pueden valerse para garantizar seguridad a sus ciudadanos y al Estado mismo. Esto, sumado a otros motivos de diversa índole, puede resultar en una inhabilidad del Estado para proporcionar los niveles de seguridad esperados por la sociedad. Este déficit del Estado en materia de seguridad, puede a su vez resultar en una falta de credibilidad por parte de la sociedad hacia el sistema democrático y sus normas y principios, lo cual, a su vez, redunda en una merma de la gobernabilidad democrática.
Cuando un Estado padece una crisis de gobernabilidad se ve debilitado en su capacidad de actuar en general y, en particular, de garantizar seguridad a su población. Por otro lado, un Estado con un bajo grado de gobernabilidad democrática, no está en condiciones de brindar otros bienes públicos fundamentales a su población, de atacar problemas serios como la pobreza extrema, ni de generar una dinámica de relaciones políticas y sociales compatibles con los valores democráticos. Estas situaciones también constituyen una amenaza a la seguridad, ya que como lo enuncia la Declaración sobre Seguridad en las Américas, «la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, […] también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados».
Continuará