Desde hace un mes, en que se descubriera el asesinato de los tres diputados salvadoreños y su piloto, cientos de cuartillas se han dedicado a la tarea de analizar, discutir y ofrecer, también toda clase de supuestas soluciones para que la Policía Nacional Civil pueda cumplir con sus funciones. Sin embargo, poco se ha dicho acerca de que, ni aún el gentil ofrecimiento de la presidenta Bachelet, podría hacer posible el milagro de lograrlo, ni aun con todo el prestigio de los carabineros chilenos, sino lleva como condición imprescindible el frontal combate a la corrupción, tanto en el propio departamento de la PNC en la cual se tramitan los antecedentes policíacos, como en aquella en la que hace lo mismo con los antecedentes penales.
De esas dependencias hasta el más pintado delincuente o asesino sale, como producto de un lavado «biodegradable», acompañado de la más avanzada tecnología de punta, más blanco que un lirio con ribetes de santidad. Sorprende la eficiencia con la que los encargados de esas dependencias logran lo que de otra manera parecería imposible. De tal manera que cuando una gran cantidad de esos delincuentes ingresan como blancas palomas a la PNC, ya saben perfectamente cuál será su plan de trabajo. Solo faltándole el respaldo de autoridad que le da el haber completado el ciclo de estudio correspondiente. Lo que significa, nada más ni nada menos, que se entrena al delincuente para ser más eficaz y eficiente en el trabajo de esquilmar y aun asesinar a la población que supuestamente deberían defender.
Está tan podrido el ambiente, que aun el propio pénsum de estudio está sujeto a los vaivenes de la «oferta y demanda», ampliando aún más la brecha de aquel que suma a su condición de delincuente, la de incapaz e ignorante, enviando con ello a la calle a verdaderos energúmenos, sedientos de obtener los beneficios materiales (mordidas, asaltos, secuestros etc.) que le permitirá el ser, oficialmente un miembro de la Policía Nacional Civil.
Si a esta desgracia ciudadana añadimos la corrupción que existe en los tribunales nacionales, pareciera que no hubiera escape posible para el ciudadano que aspira a obtener la necesaria seguridad. Todo aquel que por cualquier circunstancia se ve obligado a recurrir a los tribunales, conocerá en carne propia el calvario y derrame económico que significa el tener un caso en ellos. Seguir la pista a la causa de donde devienen esos vicios, nos llevará indefectiblemente hacia las aulas de nuestras universidades, en las que se preparan los hombres que, supuestamente, llevarán el oxígeno suficiente hacia las dependencias públicas encargadas de brindar al ciudadano los servicios que requiere.
Sin embargo, allí también encontraremos que los valores y principios que deberían de formar a los futuros profesionales, también adolecen de grandes deficiencias. Allí también se considera en muchos casos, que el título les abrirá la posibilidad de acceder a todos aquellos atributos (materiales y sociales) que les hará «importantes» y respetados. Importancia y respeto que al mismo tiempo, está ligado a las cantidades dinerarias que posea.
Y si aún tenemos la audacia de querer profundizar en la pista que nos lleve a obtener la respuesta del porqué de una sociedad tan permisiva, en la que la podredumbre social aflora, ella nos llevaría a abrir las puertas de nuestros hogares. Y encontrar dentro de ellos, la educación y la formación que convertirá a nuestros hijos en correctos o incorrectos alumnos listos a graduarse de ciudadanos. En su seno estará el más alto porcentaje de los atributos, que puedan contrarrestar en buena medida, aquella otra «mitad de la naranja», en la que el estado es responsable de brindar los medios para que esa educación y formación, pueda aportar los valores y principios necesarios para alcanzar con éxito una posición social respetable.
¿Qué podemos sacar como conclusión a tanto problema irresoluto? ¡que solamente un cambio total, radical en la forma de conducir la nave, podría devolver al guatemalteco la paz y la tranquilidad!