DIARIO LA HORA dio a conocer que la Comisión de Energía y Minas del Congreso dictaminó en favor de la iniciativa de ley de comercialización del gas licuado de petróleo (GLP) o gas propano. La nota periodística destacó que falta una ley para obligar a las distribuidoras de gas propano al pago por los daños ocasionados en viviendas, o peor, resarcir a las personas que resultan quemadas o fallecidas, debido a explosiones asociadas con la fuga de gas propano. En Guatemala, circulan unos 800 mil cilindros en mal estado, verdaderas «bombas de tiempo» que en cualquier momento pueden saltar en pedazos debido al menor detonador. (14-3-2007: 7)
A pesar de las voces de alerta, ni las autoridades ni las empresas que comprimen el hidrocarburo han adoptado medidas para evitar muertes, lesiones y ruina de propiedades. Esta situación contrasta con los controles impuestos en El Salvador, lo que ha provocado el envío hacia Guatemala de unos 50 mil cilindros en mal estado, a fin de evitar sanciones y el pago de responsabilidades civiles en el vecino país.
La nota periodística menciona un campo pagado de la empresa Dagas, que manifestó estar de acuerdo con la adopción de medidas legales que obliguen a las empresas a invertir en el mantenimiento de los envases.
Es de urgencia nacional aprobar esta normativa que, según las informaciones de prensa, cuenta con el apoyo de la mayoría de bancadas del Congreso. Los diputados tienen en sus manos prevenir desastres en los hogares de 8 millones de consumidores. Esta nueva ley es realista, muy humana y existe una obligación moral de emitirla, para erradicar la práctica de los gaseros de mantener en malas condiciones sus depósitos de combustible.
Además, todas las empresas estarán obligadas a identificar los envases de su propiedad y deberán contar con seguros para indemnizar a los perjudicados por su falta de controles, tanto de seguridad como de calidad.