Los últimos acontecimientos de violencia en el país, especialmente el asesinato de tres diputados salvadoreños junto a su piloto y la posterior ejecución extrajudicial dentro de la cárcel de los cuatro agentes de la Policía acusados de haber cometido ese hecho sangriento, confirman la percepción de los habitantes en el sentido que Guatemala es un país de miedo.
Y esta es una impresión que se ha difundido por el mundo entero. Ayer mismo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ofreció el territorio de su país para que allí puedan celebrarse las futuras sesiones del Parlamento Centroamericano ante el clima de alta peligrosidad que existe en Guatemala.
Dentro de ese contexto, llama la atención la actitud demagógica del presidente de Guatemala, í“scar Berger, con su decisión de viajar hacia El Salvador manejando su automóvil para transmitir un mensaje de confianza a los salvadoreños de que hay seguridad en las carreteras de nuestro país.
Es obvio que el Presidente no va a ir solo, sino acompañado de numerosos guardaespaldas. En esas condiciones cualquier persona haría el viaje sabiendo que hay todo un esquema de seguridad a su servicio.
El problema es que los ciudadanos comunes y corrientes no pueden disfrutar de privilegios parecidos y por ello tienen que afrontar todos los riesgos derivados de una situación de alto riesgo por los frecuentes asaltos que se producen en los caminos de Guatemala.
Lo cierto es que el grado de inseguridad ciudadana es de tal magnitud que los guatemaltecos y extranjeros que viven con nosotros no tenemos la certeza de retornar con vida a nuestros hogares cada vez que salimos al cumplimiento de las tareas cotidianas, pues los peligros están a la vuelta de la esquina. Negar esa dramática realidad es querer tapar el sol con un dedo.
El pueblo de Guatemala clama por seguridad, pero es imposible confiar en las instituciones destinadas para ello dados los altos niveles de corrupción, lo cual se agrava con las denuncias de la posible existencia de escuadrones de la muerte dentro de las estructuras del Estado.
El mismo caso de los cuatro policías eliminados en el interior de la cárcel de El Boquerón, es una demostración irrefutable que su actuación estaba totalmente fuera de la ley. Si se asumen como ciertas las versiones de las autoridades de que ellos dieron muerte a los tres diputados salvadoreños con una saña impresionante pues hasta los quemaron con gasolina, la conclusión es que dichos agentes formaban un grupo encargado de la realización de trabajos sucios con total irrespeto al Estado de Derecho.
El fenómeno de la violencia no es nuevo en Guatemala, pero en los últimos años ha alcanzado niveles verdaderamente sorprendentes que nos colocan en una posición de salvajismo y de desprecio a los derechos humanos ante los ojos de la comunidad internacional.