La Comisión de Energía y Minas del Congreso estudia la iniciativa de ley de comercialización del gas licuado de petróleo (GLP) o gas propano. Los diputados de esa sala, presidida por el representante Luis Fernando Pérez Martínez, tienen en sus manos un proyecto de ley que pretende salvar vidas. El mal estado de unos cuatro millones de tambos de gas que se distribuyen en toda la república, los convierte en verdaderas «bombas de tiempo», ya que en cualquier momento pueden saltar en pedazos debido al menor detonador.
De acuerdo con las estadísticas de los cuerpos de bomberos, en 2006 hubo más de 250 explosiones de envases de GLP. A pesar de las voces de alerta, ni las autoridades ni las empresas que comprimen el hidrocarburo han adoptado medidas para evitar desastres en términos de muertes, lesiones y ruina de propiedades. Esta situación contrasta con los efectivos controles en El Salvador, que son evadidos por la empresa Tropigas (aquí conocida como Dagas). La Asociación de Expendedores de Guatemala denunció que esa gasera ha enviado a Guatemala más de 50 mil cilindros en mal estado. Esta situación se agrava, pues se han apropiado de tambos ajenos, en buenas condiciones, para sustituirlos por los que no pueden circular en el vecino país.
Es urgente crear un inventario nacional de cilindros, previsto en la iniciativa de ley, ya que uno de sus objetivos es «dar absoluta transparencia al proceso de control de cilindros en el mercado nacional, de forma que se pueda proporcionar la máxima seguridad personal y patrimonial y el justo resarcimiento de daños producidos por accidentes causados por los cilindros en el sitio del consumo final del GLP».
Es de urgencia nacional aprobar este cuerpo legal, a fin de erradicar la práctica de los gaseros de mantener en malas condiciones sus depósitos de combustible. Además, todas las empresas estarán obligadas a identificar los envases de su propiedad y deberán contar con seguros para indemnizar a los perjudicados por su negligencia.