El activista al activismo


Creo que en un paí­s como Guatemala es loable la labor que desarrolla cualquier persona que ejerce activismo porque somos un paí­s de indiferentes en el que meterse a querer resolver problemas es cosa extraña. En ese sentido, los llamados activistas en el campo de los derechos humanos han jugado un papel importante para combatir acciones que atentan contra el ejercicio de tales derechos y desde distintas perspectivas y ópticas, han sido constructores de una nueva situación que dista mucho de ser perfecta, pero que evidentemente ofrece mejoras respecto a lo que viví­amos hace algunos años.

Oscar Clemente Marroquí­n
ocmarroq@lahora.com.gt

Los activistas, sin embargo, no siempre tienen la formación suficiente para explicar adecuadamente el concepto mismo de la temática de los derechos humanos y en su celo natural algunas veces contribuyen a embrollar un tema que de por sí­ a nuestro pueblo le resulta complejo. En Guatemala es un hecho que la mayor parte de la población estima que los defensores de los derechos humanos son protectores de delincuentes, mal vivientes y, en el mejor de los casos, extremistas de izquierda y disociadores sociales. Mucha gente se pregunta por qué los defensores de los derechos humanos no protestan cuando un criminal mata a alguien, sin entender que cuando un particular comete homicidio, limita algún derecho o violenta las garantí­as individuales, es competencia del Ministerio Público perseguir el delito, mientras que cuando el Estado es el que incurre en ese tipo de excesos, se cae tí­picamente en lo que conceptualmente se define como violación de los derechos humanos. En palabras bien sencillas, los particulares cometen delitos que el Estado debe perseguir; son los agentes del Estado y el Estado mismo los que cometen violaciones de derechos humanos.

Por supuesto que cuesta mucho entender esa diferencia que puede ser sutil porque el efecto es el mismo. Estamos hablando del derecho a la vida, fundamentalmente, que debe ser protegido con preeminencia y al ciudadano le importa poco si quien mata es el Estado o un particular. Pero desde el punto de vista conceptual, si un individuo particular mata o asesina a otro, estamos frente a un delito que el Estado debe perseguir. El Estado se convierte en violador del derecho de la ví­ctima cuando no es capaz de perseguir a los criminales y fomenta la impunidad. En el caso de los diputados salvadoreños hay, además de un asesinato, una violación de derechos humanos por la participación de agentes del Estado en lo que puede tipificarse en el contexto de la limpieza social.

Todo lo anterior vale la pena reflexionarlo porque ahora estamos en el proceso de designación de Procurador de los Derechos Humanos para el próximo perí­odo y muchos activistas buscan el puesto. Creo que los activistas deben seguir en el activismo porque hace falta más que eso para ser Procurador. La formación académica y cientí­fica es lo que puede y debe ayudar a que se difunda realmente una cultura de derechos humanos que termine con esa creencia generalizada de que el tema es un manto de protección para los criminales. Ese concepto equivocado tuvo origen en el contraataque de los violadores de derechos humanos en la época de la represión, pero se ha alimentado por la actitud de activistas que sin formación ni profundidad, enmarcan sus actuaciones en denuncias que parecieran sesgadas. Y llevar a la PDH a alguien sin credenciales académicas serí­a un grave error que dañarí­a aún más una materia que resulta conflictiva y difí­cil de asimilar.