He recibido un documentado análisis de la Fundación Myrna Mack en torno a las amenazas y agresiones contra personeros e investigadores del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y del Movimiento de Derechos Humanos (MDH), perpetrados con «evidentes matices políticos y a la usanza de los operativos que suelen tejerse en el seno de los aparatos de inteligencia» del Estado.
Dirigentes y profesionales de esas organizaciones sociales han sido víctimas de acciones que ejercen presión emocional sobre ellos, que incluyen amenazas escritas, destrucción de equipos de cómputo, robo y aparición de vehículos, lo que constituye hechos intimidatorios que siembran zozobra e intranquilidad.
Al margen de los allanamientos e intimidaciones que han dado a conocer diarios impresos y electrónicos, el informe menciona casos muy peculiares, como el de una abogada de CALDH que encontró en su vehículo una amenaza escrita cuando visitaba la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).
Todo parece indicar ?precisa el análisis- que CALDH y ECAP son objeto de persecución por el trabajo técnico jurídico, científico y académico que realizan y que abordan puntos sensibles de la historia reciente, como la política sistemática de violación de derechos humanos que imperó durante la guerra y las diversas formas de aniquilación utilizadas por el Estado por medio del ejército y otros cuerpos de seguridad.
Afirma que se aplica un patrón similar al ejecutado en otras ocasiones contra miembros de la Fundación Forense de Guatemala (FAFG), cuyos peritajes y estudios científicos sobre las osamentas exhumadas en cementerios clandestinos pueden constituir prueba científica en procesos judiciales.
Al respecto, explica que el ECAP efectúa trabajos comunitarios, sustentados en iniciativas académicas, tal como el estudio de problemas provocados por el estrés postraumático en sociedades sometidas a períodos prolongados de dolor, sufrimiento, temor y violencia extrema. Los psicólogos del ECAP acompañan a las víctimas en su proceso de recuperar su salud mental y ejercen de peritos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la vez que gestionan ante el Estado la implementación de programas de salud mental dedicado a las víctimas sobrevivientes de la guerra.
Las acciones que se cometen en contra de los grupos académicos y sociales recuerdan el crimen de que fue víctima la antropóloga social Myrna Mack, por elementos del desaparecido Estado Mayor Presidencial, así como las amenazas y persecución contra la historiadora Matilde González, quien reconstruyó la historia de una comunidad de Quiché azotada por la violencia y la injusticia social.
Está demostrado ?agrega el informe- que existen grupos, estructuras y expresiones políticas que pretenden mantener incólume la denegación de justicia a las víctimas de la guerra, que se valen de la impunidad y de la violencia para alcanzar sus fines, mientras que la sociedad en general y el Estado permanecen indiferentes, y se confirma que el cese del conflicto armado interno, la inserción de la guerrilla en la vida política y el cumplimiento de algunos acuerdos de paz meramente operativos y el desarrollo de nuevas estructuras institucionales no constituyen avances suficientes para garantizar una paz sólida y un ambiente adecuado para restañar las heridas e intentar una nueva convivencia.
El documento señala los avances logrados, pero son insuficientes, sobre todo cuando son analizados a la luz de la precariedad social y económica que viven amplios sectores de la población, apabullados por la pobreza extrema, las condiciones indignas de vida, la falta de acceso a los servicios esenciales y las múltiples formas de injusticia social.
Admite la Fundación Myrna Mack que en lo que respecta a los derechos civiles y políticos ya no existe una política sistemática del Estado para eliminar a quienes realizan funciones de oposición, y si bien es cierto que tampoco se usa la violencia como práctica sistemática contra la población, no previene ni sanciona los hechos que otros cometen, ni actúa con firmeza contra los agentes del mismo Estado que optan por atentar contra la población, en vez de protegerla.
Por las condiciones prevalecientes en lo que se refiere a las amenazas e intimidaciones, la Fundación Myrna Mack condena la violencia política que se ejerce contra las mencionadas organizaciones, a la vez que demanda del Estado la ejecución de medidas que eviten la ocurrencia de nuevas manifestaciones violentas y que aseguren la debida investigación criminal y la persecución penal de los responsables, así como formula recomendaciones al Gabinete de Seguridad, al Ministerio Público, al Congreso, a los partidos políticos, a las universidades y gremios y la comunidad nacional e internacional, encaminadas a evitar que persista el acoso contra organizaciones defensoras de derechos humanos.
(El activista de derechos humanos Romualdo Albizures le comenta a un antropólogo forense: -Hice una investigación de campo en una comunidad de Quiché muy pobre y olvidada, al extremo que el río de la aldea es tan chiquito e insignificante que sólo tiene una orilla)