Inaudito es que a estas alturas tanto la diputada Nineth Montenegro como el Contralor de Cuentas de la Nación se quejen de la negativa de la Organización de Aviación Civil Internacional y de la Organización Internacional para las Migraciones para abrir sus cuentas de manera que puedan ser auditadas al tenor de lo que manda la Constitución Política de la República de Guatemala. Se dice que van a plantear acciones ante la Corte de Constitucionalidad para que se establezca si tienen preeminencia los convenios suscritos al amparo del derecho internacional, mismos que son esgrimidos por esas agencias para impedir que se pueda establecer si están robando o manejando bien los fondos de los guatemaltecos.
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Yo no creo que haga falta acudir a la Corte de Constitucionalidad, puesto que si la Contraloría no tiene acceso a las cuentas, lo que debe hacer el Contralor es presentar la querella penal contra la autoridad que es cuentadante y que decidió colocar fondos del Estado en instituciones que no pueden ser auditadas. En este caso hay un claro y directo responsable del escamoteo de la información y como no se puede meter preso, lamentablemente, al encargado de las agencias internacionales que está haciendo micos y pericos con el dinero de los guatemaltecos, debiera sentarse un enérgico precedente mandando al tambo al funcionario que autorizó el traslado de los fondos, en este caso, al ministro o responsable de la partida presupuestaria abusivamente situada en manos de entidades como la OIC o la OIM.
Entiendo perfectamente que no se puede procesar por esa situación al Presidente de la República porque el gobernante no es responsable de rendir cuentas a la contraloría sobre la forma en que cada ministerio o unidad ejecutora gasta los recursos. Pero los ministros, secretarios o directores generales que han suscrito los convenidos con entidades como la OIM o la OIC pueden y deben ir a parar pie con jeta a la cárcel para responder por el escamoteo de información contable que permite que cualquiera pueda robarse el dinero.
Dinero que no se puede auditar es como dinero que se robaron, no importa si hubo o no hubo obra porque de todos modos no existe capacidad de establecer si nos vieron cara de pendejos a todos. Pero me parece una actitud aguada y falta de pantalones la de la Contraloría al ir lloriqueando a la Corte de Constitucionalidad para que les digan qué jodidos hacer, cuando tienen todas las facultades para iniciar procesos por malversación de fondos contra los ministros y demás funcionarios que incurrieron en anomalía al desviar los fondos a entidades no sujetas a fiscalización. Ese hecho es el que, de acuerdo al espíritu de la ley, constituye y tipifica la malversación y también es una vergí¼enza que el Ministerio Público no haga absolutamente nada sabiendo que son cientos de millones los que están manejando en forma anómala.
Yo quiero preguntar al Contralor qué le impide ir directamente al Ministerio Público para exigir que se inicie proceso de antejuicio contra los funcionarios que gozan de ese privilegio, para que se les pueda procesar legalmente por el mal uso del dinero público. Porque buen uso del dinero es el que se hace mediante procedimientos sujetos a fiscalización y cuando ese control se vuelve imposible por decisión de un funcionario que firma un convenio con una entidad no sujeta a fiscalización, ese hecho es el que constituye el delito que debe ser perseguido. De suerte que no hay que andar con medias tintas y hay que meter al bote a los ministros, señor Contralor.