Creo que los guatemaltecos tenemos que aspirar a que se cumpla la ley en toda su dimensión y en todos los casos, sin excepción alguna, para afianzar el estado de derecho. Sin embargo, ante la ofensiva que vienen realizando no sólo en las calles sino en los medios de comunicación los encargados de hacer cumplir las leyes relativas a la propiedad intelectual y contra la piratería, pienso que no debe ser cuestión de suerte que tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público se esmeren de manera tan especial por cumplir con su deber en los delitos relacionados con esa materia, mientras que para el resto de delitos sean una cacharpa inútil que mantiene desprotegida a la población.
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Si nuestras autoridades actuaran en contra de los delitos contra la vida con la diligencia, eficiencia y consistencia que muestran para ir contra los vendedores de mercadería que consideran pirateada, sin duda que el país sería uno de los paraísos de seguridad. Sin embargo, no me cabe la menor duda que la justicia en nuestro país no es ni cumplida y gratuita, sino que está en pública subasta, como vil proxeneta, y que sus tentáculos sólo se mueven cuando hay dinero de por medio. No estoy, de ninguna manera, diciendo que no debemos combatir la piratería y el robo de la propiedad intelectual, puesto que siempre he sostenido que las leyes están para ser cumplidas, pero no deja de ser una cruel paradoja que mientras nuestras autoridades nunca sirven para actuar en casos graves de delitos contra la vida y la seguridad de las personas y sus bienes, estén siempre prestas y dispuestas a actuar con todo celo y vigor para proteger los intereses de las empresas disqueras y de las productoras cinematográficas.
Dadas las condiciones imperantes en el conjunto de la lucha contra cualquier forma de crimen, salvo el de la piratería, no es hilar muy fino pensar que en ese caso ese poderoso caballero tan reconocido a lo largo de la historia de la humanidad sea el encargado de aceitar la maquinaria para que funcione con la precisión de un reloj atómico. Es más, actúan con tanta celeridad que ni siquiera se cumple con los requisitos esenciales de cualquier decomiso ejecutado en el marco de lo que establece la Constitución sobre la presunción de inocencia. Porque debieran de elaborar inventario de lo que están incautando para darle oportunidad a los vendedores a reclamar la devolución de sus haberes si logran probar su legítima propiedad de los mismos. Al no hacerlo y simplemente arrebatar cualquier producto que tengan los vendedores, están incurriendo en excesos que podrían dar lugar a apropiación indebida por parte de la PNC, porque ni ellos ni nadie pueden asegurar que todo lo recogido (que no es legalmente incautado) sea mercadería ilegal.
¿Será que las víctimas de la violencia tendrán que hacer una colecta para juntar tanto dinero como el que tienen los afectados por la piratería para untar la mano del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil para que actúen con la misma diligencia y eficacia? Evidentemente estamos frente a un fenómeno muy claro de privatización de la justicia porque es obvio que para lograrla hay que pagarla. El que no tiene dinero que ni sueñe con lograr acciones que protejan sus derechos, pero el que tiene plata en abundancia, puede movilizar fiscales y enormes contingentes de policía para que le mantengan en el goce de esos derechos, mismos que para el resto de la gente apenas si existen en el papel y nunca son implementados ni mucho menos garantizados. Y eso que estamos hablando del derecho a la vida, sobre todo.