Llama la atención varias publicaciones en campos pagados del Ministerio de Gobernación que inducen a pensar que esta norma constitucional puede dejar de ser observada por las autoridades competentes.

No pretendo decir que en el pasado no hayan existido órganos o dependencias del Estado que hayan incumplido ese precepto que han contenido nuestras constituciones. Recuerdo que recién pasado el Serranazo, el coronel Otto Pérez Molina, al observarme utilizar el voluminoso celular que en esa época se usaba, me dijo como una muestra de confianza y aprecio: licenciado, tenga cuidado con el uso del teléfono celular. Intempestivamente pregunté ¿por qué? Y el respondió, puede ser y es fácil que a usted le escuchen y le graben sus llamadas telefónicas.

Otra evidencia de esas circunstancias fue un casete que llegó a mis manos a finales del gobierno de Ramiro de León, casete que hice del conocimiento público en el hemiciclo del Congreso en mi calidad de diputado y que dí­as después, a solicitud de la prensa nacional en el salón del pueblo del Congreso de la República, permití­ que lo escucharan, contení­a una conversación entre dos personas que hablaban de cómo recibirí­an, de parte del gobierno, un enorme apoyo económico que les resolví­a a su partido los problemas de campaña electoral.

Consta en publicación de Prensa Libre de aquella época, que las voces fueron reconocidas por el alcalde de la capital, hoy Presidente de la República, pero fui yo el que fue acusado por una de las personas que í“scar Berger mencionó haber reconocido como participantes en la conversación. Este es otro ejemplo de un hecho de lo que puede suceder.

Hoy me imagino que soy uno de los «agraciados» que de forma ilí­cita se le intervienen sus comunicaciones telefónicas o mensajes electrónicos; en otras palabras, tengo indicios suficientes para pensar que estoy «pinchado», indicios que con la nueva tecnologí­a son fáciles de percibir debido a que los nuevos equipos electrónicos señalan cuando una llamada o un correo electrónico ha sido escuchado o leí­do sin que exista autorización.

No me agrada pero tampoco me preocupa que antes de que salgan publicadas mis opiniones en el diario La Hora, las mismas las lea alguien, espero que los amos de estas personas estén satisfechos de las primicias.

¿Por qué el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Asociación de ex constituyentes o el Colegio de Abogados, no actúan al respecto? Lex et Lex.