Con el reciente colapso del sistema bancario surgió como por arte de magia la frase de «crisis de confianza» en el sistema, que por cierto era lo único que nos faltaba. La famosa crisis de confianza, a mi entender, la sufrimos los guatemaltecos desde hace muchos años, aunque obviamente creo que se agudizó más a partir de 1954.
En efecto, primero, a partir de esa fecha memorable de la intervención extranjera, dejamos de creer en el Estado y en el orden constitucional que marca la propia ley de leyes. Después dejamos de tener confianza en el sistema de partidos políticos, luego en los funcionarios públicos adictos a la corrupción y al cohecho en todas sus manifestaciones, casi paralelamente perdimos credibilidad casi absoluta en los tres organismos del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, cercados todos por la misma corrupción y ahora, por el crimen organizado.
En los últimos años hemos enfrentado una crisis de inseguridad que ha generado mayor desconfianza en las autoridades, la brecha entre patrono y trabajador sigue creciendo por la desconfianza entre ambos sectores, las estadísticas demuestran con lamentable veracidad que ya no se cree en la impartición de justicia por jueces probos y decentes, con escasas excepciones, particularmente en el interior de la república y pese a que se presentan denuncias, el Consejo de la Carrera Judicial se convierte en aliado de estos malos elementos (con decirles que hay un juez con significativas evidencias de haber ayudado al narcotráfico según el informe de la supervisión de tribunales y aún sigue tan campante como Johnny Walker gracias a la protección del mero mero de ese organismo), es decir, ya no hay una pequeña muestra de confianza en la administración de justicia.
De este tema hay mucho que hablar y para empezar, ¿cómo se posible que el organismo político por excelencia, el legislativo, elija a los magistrados ante una propuesta de comisiones altamente politizadas?
Pero, volviendo al tema central, la crisis de confianza tiene dos características: una, que es a nivel nacional y dos, que va hacia todas las instituciones. Me explico: las instituciones que aún se salvaban de esta desconfianza eran la Corte de Constitucionalidad, que algunos de sus elementos de la anterior corte la llenaron de heces inmundas que hay que limpiar, la Fiscalía General es politizada y convertida en un foco de corrupción, la Contraloría General de la Nación fue manchada profundamente por sus anteriores «dueños», dos de los cuales están presos, la procuraduría de derechos humanos y el Tribunal Supremo Electoral están poco a poco, llenándose de agujeros… en fin, no hay guatemaltecos que dignifiquen a las instituciones y rescaten su credibilidad.
Ante este penumbroso panorama y ahora que se vienen las elecciones con ningún cambio significativo: ¿quién podrá defendernos?