En las votaciones del domingo 7 de marzo de 1982, mediante las que se trató de imponer al sucesor del genocida general Fernando Romeo Lucas García, se cometió otro escandaloso fraude más. El candidato «ganador» fue el oficialista, general íngel Aníbal Guevara, anteriormente ministro de la Defensa y, acaso, sólo conocido entre las filas castrenses, los sectores económicos entonces dominantes, el cerrado círculo gubernamental, los partidos PR y PID que lo apoyaron, y la Embajada de Estados Unidos.
La mayoría de la población no concurrió a las urnas, votó en blanco o anuló su sufragio. La «oposición» ?DCG-PNR, MLN, y CAN?, concurrió fragmentada. El candidato oficial no obtuvo la mayoría absoluta. En tales condiciones, correspondía al Congreso la «designación presidencial». Antes de ello, Lucas García fue depuesto por los llamados «oficiales jóvenes», quienes llamaron a la integración de una Junta Militar que encabezaron los generales José Efraín Ríos Montt y Horacio Maldonado Schaad, y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez. A pocas semanas de integrada la Junta, Ríos Montt hizo a un lado a Schaad y a Gordillo y se declaró, primero, Presidente y, después, Jefe de Estado.
El golpe militar del 23 de marzo de 1982 confirmó el fracaso del sistema de votaciones mediante el que la camarilla hegemónica en el Ejército, el poder económico detrás de los gobernantes militares en aquel período, partidos reaccionarios y anticomunistas como el MLN, CAN, PR, y PID, y la Embajada estadounidense, sucesivamente impusieron, durante 12 años (1970-1982), a Carlos Manuel Arana Osorio, Kjell Eugenio Laugerud García, y Fernando Romeo Lucas García.
Con la ruptura del «orden constitucional» se frustró la llegada al gobierno de Guevara ?que hubiera sido el cuarto gobernante fraudulentamente impuesto? pero, a su vez, se dio continuidad, por cuatro años más, a gobernantes militares de facto. Ríos Montt fue depuesto el 8 de agosto de 1983 por otro golpe militar encabezado esta vez por el general í“scar Humberto Mejía Víctores, durante cuyo período ?que se prolongó hasta el 15 de enero de 1986?, se dice que «se inició el camino hacia la democratización del país».
A la luz de lo acontecido, queda demostrado que lo de la tal «apertura democrática» no es sino la continuación ?por otros medios y a través de otras formas?, de los gobiernos reaccionarios, conservadores y neoliberales, al servicio de los monopolios extranjeros y las transnacionales, y la política intervencionista de la Casa Blanca, que ha tenido el país del 27 de junio de 1954 a la fecha.
En ese marco, el hecho político más importante y trascendental de principios de la década de los 80 del siglo pasado, fue la constitución de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, dada a conocer, nacional e internacionalmente, el 2 de febrero de 1982, Su exitoso accionar político y militar, primero, y luego en la búsqueda de la paz por medios políticos, habría de marcar e incidir a todo lo largo del diario acontecer en el país, hasta tres o cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996.
Las fuerzas de seguridad y policía, los servicios de información e inteligencia, y sus asesores israelitas y estadounidenses, tuvieron en cuenta la situación que se creaba al interior del PGT a raíz del desprendimiento orgánico de 1978 y la inclusión del Núcleo en URNG y no participación del Comité Central. En lo que se equivocaron y subestimaron fue nuestra posición y consecuencia ante la unidad alcanzada, aunque no formáramos parte de ella.
Ya dije en una oportunidad anterior, y lo traigo a cuenta nuevamente, que cuando el coronel Gordillo Martínez era todavía miembro de la Junta Militar, declaró a un diario de Costa Rica que había llegado el momento de legalizar a los comunistas guatemaltecos. La transcripción de la entrevista fue oficiosamente llevada a la CP del CC por quien después habría de encabezar el desprendimiento fraccionalista de principios de 1984.
La CP del CC fue de la opinión que era una cuestión fuera de lugar e improcedente. Por un lado, no podíamos prestarnos a ese tipo de maniobra cuyo propósito era deslegitimar la unidad recientemente anunciada, y, por el otro, caer en la trampa de una legalización cuyas consecuencias hubieran sido funestas para el partido, constituiría un acto de deslealtad a URNG y de traición a la clase obrera, el campesinado, las capas medias de la población, a nuestro pueblo y la Revolución.
En forma terminante y categórica, nuestra dirección desbarató esta maniobra gubernamental.
Cuando se tiene claro el camino a seguir y se es firme y consecuente, no hay espacio para el oportunismo de derecha o de «izquierda» y, menos, para dejarse influenciar por falsas expectativas o congraciarse con quienes pretenden dividir y debilitar la lucha social y popular, e infructuosamente aislar, indisponer y distanciar al partido de la clase obrera de las fuerzas político militares en armas.
No fue casual que cuatro años después lo intentaran de nuevo y se lo desbaratáramos una vez más.