Las organizaciones católicas en Guatemala y México desarrollan una destacada acción humanitaria al apoyar a mujeres y hombres centroamericanos quienes, a través de territorio mexicano, tratan de llegar a Estados Unidos. Los sacerdotes proporcionan ayuda espiritual, así como hospedaje y alimentación para personas sin recursos. Esta situación reconocida a nivel internacional, no les importó a autoridades mexicanas de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca: con gran agresividad capturaron el pasado 10 de enero al cura Alejandro Solalinde Guerra junto a 12 guatemaltecos ?se desconoce su paradero? y un grupo de centroamericanos.
Quienes se encontraban durmiendo en un vagón del tren eran guatemaltecos sin su respectiva documentación. Pero esto no es un delito en México. No estaban armados ni le hacían daño a nadie. La violencia utilizada contra ellos motivó la protesta de otros migrantes ?testigos del hecho? y la del sacerdote Solalinde Guerra, quien se encontraba en el lugar proporcionando alimentos a los migrantes. Todos fueron detenidos. La irracionalidad de un grupo policíaco para actuar contra seres humanos, debe ser motivo de especial preocupación para las autoridades migratorias de México. No detener las agresiones y dejar sin castigo ?de acuerdo con las leyes? a los responsables, puede ser el inicio de actos más brutales que serán difíciles de controlar.
Diferentes medios de comunicación mexicanos se han referido al secuestro. El diario Reforma informó el 13 de enero: «Llegaron personas de seguridad, a bordo de una patrulla y una camioneta Suburban color azul marino, los golpearon y se llevaron a 12 indocumentados». «El prelado fue llevado en una patrulla a la cárcel municipal, entre empujones, puntapiés y cachazos». De los guatemaltecos, nadie sabe dónde están. Las sociedades de Guatemala y México tienen el derecho a información veraz para saber el paradero de los 12 guatemaltecos que, hasta la fecha, continúan sin aparecer.
¿Por qué policías municipales de Ciudad Ixtepec realizan operativos para capturar indocumentados? La respuesta tiene dos variables. La primera se refiere a la corrupción. Las cantidades pueden ser grandes o pequeñas, pero los migrantes llevan dinero. Desde sus países de origen y cuando se encuentran en las naciones de tránsito, son obligados a entregar parte de su capital. El principal argumento contra ellos es el carácter de indocumentados. El segundo factor es el de la ignorancia. Las leyes mexicanas establecen que las únicas autoridades autorizadas a solicitar documentación migratoria son el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP), según al artículo 151 de la Ley General de Población. Nadie más puede pedir documentos migratorios a personas en territorio mexicano; sin embargo, Hugo íngeles, investigador del Colegio de la Frontera Sur reveló ?durante una conferencia en el propio INM? que 32 instituciones mexicanas participan en la captura de indocumentados. «La privación ilegal de la libertad de migrantes centroamericanos no es un caso aislado en México sino una práctica frecuente», dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (Reforma, 14 de enero).
El principal factor para el impulso de la migración laboral guatemalteca es el económico. La pobreza y pobreza extrema son determinantes para buscar mejores alternativas de vida en otro país. El problema es la ausencia de programas económicos para que guatemaltecas y guatemaltecos ejerzan su derecho a vivir en su propio país. Además, siendo Guatemala una nación de origen, destino y tránsito de migrantes, es increíble que no exista una política migratoria. Esta realidad determina, entre otros factores, que en el contexto gubernamental se adopte la decisión de colocar parientes o amigos incompetentes para dirigir lo relativo a la migración.
El operativo ?realizado con extrema violencia? de las autoridades municipales en Ciudad Ixtepec contra indocumentados guatemaltecos no debe quedar impune porque afecta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, ningún funcionario en el interior de México, puede darles a mujeres y hombres en su traslado a Estados Unidos, la categoría de vándalos, como sucedió en ese municipio.
Los migrantes son seres humanos y su dignidad como tal no puede ser vulnerada. No existe ningún razonamiento jurídico en la comunidad internacional para colocar límites o negar los derechos de guatemaltecos y guatemaltecas en cualquier lugar del mundo. El hecho de no estar en su país no quiere decir que no sean portadores de sus derechos.