Baste decir que la responsabilidad de los funcionarios públicos está normada en una Ley sancionada el 31 de mayo de 1928, en tiempos de don Lázaro Chacón, para entender por qué aquí ningún funcionario es, a la larga, responsable de nada. Ahora que estamos viendo el descalabro provocado en la economía nacional por la falta de billetes y, sobre todo, el efecto que ello tendrá en todo el sistema bancario nacional menoscabando el régimen de confianza de los ciudadanos en las entidades financieras, lo menos que uno podría esperar es que se dedujera responsabilidad a los que descuidaron sus obligaciones y permitieron que ocurriera el desabastecimiento de billetes.
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En otros países el ciudadano, pero sobre todo el funcionario público, tiene la certeza de que existe un sistema que le exige rendir cuentas, ya no sólo del manejo del dinero, sino del cumplimiento de sus deberes y obligaciones. En Guatemala, lo mismo un ingeniero que construye mal un puente que un gerente financiero que desatiende su responsabilidad y no garantiza el suministro de billetes, no sólo pueden estar seguros de que nadie les pedirá que rindan cuentas, sino que además hasta se pueden dar el lujo de seguir en su puesto o gozar de algún ascenso.
Hay que reconocer a la Asamblea Legislativa del año 28, en tiempos de Chacón, que haya tenido el interés siquiera de normar la responsabilidad de los servidores públicos, puesto que desde entonces ningún Congreso ha querido abordar un tema que puede convertirse en camisa de fuerza para quienes siendo diputados están en el juego político y aspiran a desempeñar cargos en el Ejecutivo o en otras dependencias del Estado. Por ello es que no disponemos de una ley moderna y eficiente que sea garantía de que cualquier funcionario que ha devengado sueldos del Estado esté en obligación de cumplir fielmente sus funciones de acuerdo con las normas y procedimientos legales. Para empezar, muchos de los actuales funcionarios que toman decisiones ni siquiera son legalmente empleados del Estado porque se trata de personal contratado bajo los famosos rubros inventados para tal fin y que desde el punto de vista de la ley vigente no tendrían el mismo nivel de responsabilidad.
En cualquier lugar del mundo, si un funcionario o un grupo de funcionarios descuida sus funciones y causa un daño tan grave al país como el que significa la falta de billetes, no sólo sería inmediatamente despedido sino que además tendría que enfrentar la responsabilidad penal y civil derivada del incumplimiento de sus deberes. No es fácil medir la consecuencia que en el mediano y largo plazo tendrá esa garrafal falla, puesto que tomará tiempo medir cuántos de los usuarios del sistema bancario decidirán colocar su dinero bajo el colchón con la idea de que, pese a la delincuencia existente en el país, allí estará más seguro que en las bóvedas de un banco si su última experiencia fue ir a cambiar un cheque y recibir una oferta de pago parcial porque no alcanza para cubrir la totalidad.
Si hablamos de daños y perjuicios causados por la actitud torpe de los funcionarios que incurrieron en esa metida de pata, aun siendo pronto para cuantificarlos, lo que se puede asegurar es que tomará años restañar las heridas que causaron al sistema bancario del país y por lo tanto a toda la estabilidad financiera.
Creo que casos como el presente nos deben obligar como ciudadanos a exigir la rendición de cuentas, la existencia de normas que hagan al empleado o funcionario responsable por sus actos y que cese esa impunidad que también hay para cubrir a los incapaces, descuidados o haraganes funcionarios públicos cuyos actos tienen consecuencias terribles para el país.