En Guatemala hoy en dí­a existe la certeza de que quien la hace no debe temer consecuencias legales y nunca la paga. Revertir esa tendencia es el paso indispensable para luchar contra la inseguridad y por ello es necesario que se sienten precedentes en cuanto a una investigación profesional, eficiente y capaz que pueda aportar las pruebas suficientes para que los tribunales no tengan pretexto que les permita lavarse las manos. Por supuesto que habrá oposición al proyecto y deberá recorrer aún largo camino antes de que pueda concretarse su implementación, pero es de mencionar que el mismo supera los problemas que hicieron fracasar la idea del CICIACS, sobre todo en lo relacionado con el tema del monopolio de la acción penal que tiene el Ministerio Público en Guatemala.

Dada la dimensión del problema de la impunidad en el paí­s y sus repercusiones en el deterioro del régimen de legalidad y la ruptura fáctica del estado de derecho en el paí­s, es absolutamente necesario contar con la cooperación internacional para fortalecer la parte de nuestro sistema de justicia encargada de la investigación profesional del delito para ponerle fin a esa ineficiencia, que no es casual, que es la garantí­a para asegurar el manto de la impunidad.

Y digo que no es casual porque el problema viene de la actitud que prevaleció durante los años de conflicto, cuando se crearon estructuras para proteger a los que participaban en el mismo en defensa de las instituciones del Estado. Cesado el conflicto interno, el mismo aparato que se creó para proteger a esas personas siguió funcionando pero para proteger a quienes se involucraron en el crimen organizado y de esa cuenta es que nunca avanzan las investigaciones ni se obtienen resultados. Cuando se tipificó a Guatemala como un paraí­so para los asesinos porque aquí­ se puede matar a cualquiera sin temor a consecuencias legales, no era un eufemismo ni una declaración carente de sentido. Era una apreciación objetiva de nuestra realidad y por ello pienso que todos los sectores de la sociedad tenemos que apoyar e impulsar esa Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, porque nos conviene a todos. Especialmente a las instituciones que se han visto afectadas y deterioradas por el abuso que de ellas se ha hecho a lo largo de los años y que necesitan reposicionarse ante la ciudadaní­a. Terminar la impunidad nos conviene a todos porque permitirá sentar la plataforma de un nuevo orden jurí­dico interno en el que hagamos prevalecer la justicia. Y si no queremos que jueces extranjeros nos vengan a aplicar justicia, aceptemos que nuestras instituciones se nutran con la experiencia y el conocimiento de expertos extranjeros que vendrán a coadyuvar a su fortalecimiento y capacitación.

Repito que la impunidad es el peor de los males porque no sólo fomenta la violencia sino también la corrupción que tanto daño le hace a la sociedad. Y empezar a trabajar en investigación para acabar con esa terrible distorsión estructural de nuestro sistema de justicia es imperativo.