Dos cuestiones previas relacionadas con el «salario mínimo». En primer lugar el artículo 101 constitucional establece que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. En segundo lugar en el artículo siguiente en la literal f) se estipula la fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley.
No voy a mencionar lo que dicta la ley, pues evidentemente, en este gobierno, de nuevo, tanto la Constitución Política de la República como la ley de la materia, han sido pisoteadas, inobservadas, incumplidas. En otras palabras. Les ha importado un comino o poca cosa.
Si así somos respectos de la obligación social (en ambos casos el destacado es mío), qué tanto podremos esperar de la obligatoriedad de las leyes.
Al «salario mínimo», quienes eufemísticamente se autodenominan «empleadores», lo han convertido en realidad en el «salario máximo». De tal suerte que a su saber y entender (por los continuados fracasos opino así), la fijación del «salario mínimo» debe hacerse «por productividad», argumentan. Lo cual hace un verdadero absurdo, pues de hecho la fijación de cualquier remuneración por el cumplimiento de condiciones elementales, las mínimas ya está determinado por una productividad mínima, que ellos mismos establecen, es decir, el empleador.
Cualquier otro requerimiento obligaría a un incremento del salario, que deja de ser el «mínimo», o sea, si entendemos adecuadamente que este es el «piso salarial» y no el «techo» al que se debe aspirar y que es fijada (o debiera serlo) en la Comisión Nacional del Salario, que, repito, ha fracasado a todo lo largo de este «gobierno», entonces la cacareada «productividad» se vería como un aspecto que ?si fueran honestos los explotadores, perdón los «empleadores»- no lo utilizarían de escudo para impedir que así como se incrementa en todo el coste de la vida, también se incremente el ingreso mínimo por las mínimas tareas que cada empleo impone.
Si quienes comparecen ante esa Comisión, argumentaran bajo premisas verdaderas, talvez y solo talvez, tendríamos menos injusticia social. En consecuencia menos subempleo y hasta menos delincuencia. A pesar de que no todo delincuente es pobre, ni mucho menos ser pobre significa ser delincuente. Ello, en medio de una acentuada criminalización de la demanda social, que en este nuestro sufrido pueblo, al parecer siempre estará «satanizada», y por ello hay que oponerse, descalificarlos y destruirlos (a los representantes laborales). Por «empresarios» como ellos es que nos encontramos inmersos en el sumiso subdesarrollo del cual, aparentemente, no saldremos mientras ese sea el criterio hegemónico.