El dí­a de ayer, el paí­s vivió una nueva jornada de caos, Joviel Acevedo y su sindicato de maestros, los cuales, no está de más aclarar, no representan a todo el Magisterio, cumplió con las amenazas que habí­a vertido con anterioridad y bloqueó varias carreteras en el interior del territorio nacional, así­ como los principales accesos a la Ciudad capital, demandando, según las mismas declaraciones de este grupo que se paguen los aumentos salariales acordados entre ellos y el Presidente de la República recientemente.

De esa cuenta, los usuarios de las rutas de cuatro caminos, Los Encuentros, Vado Hondo, Cocales, la Roosevelt y otros muchos puntos sufrieron violación a su derecho constitucional de locomoción, sin que el Gobierno hiciera nada para restaurar en ese derecho a miles de guatemaltecos a los que se debe en primera instancia.

De conformidad con el artí­culo 26 de la Constitución Polí­tica de la República, toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, sin más limitaciones que las establecidas por la ley, es más, el artí­culo también prescribe que la ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición. De igual manera, la misma Constitución atribuye al Presidente de la República, como primera responsabilidad “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Por supuesto, el señor Acevedo y sus seguidores, también tienen derecho a manifestarse, así­ lo garantiza la misma Constitución, sin embargo, el derecho de reunión y manifestación del que gozan se encuentra delimitado y debe de ser regulado, según lo establece el mismo artí­culo que lo resguarda, en beneficio del orden público, es decir, tienen todo el derecho de informar a las autoridades que van a manifestar y utilizar la plaza central para hacerlo, siempre y cuando con sus actos y acciones no perjudiquen a la mayorí­a de guatemaltecos como acostumbran hacerlo, al amparo de la indiferencia, incapacidad o quien sabe, conveniencia del Gobierno. Las noticias de la radio el dí­a de ayer transmití­an que sobre el puente Belice, donde se daba un bloqueo, la Policí­a habí­a llegado a un “acuerdo” con los que bloqueaban ilegalmente el paso de la gente, este acuerdo consistí­a en liberar durante 15 minutos el paso de los carriles, alternativamente, en uno y otro sentido. Si esa es la forma en que la policí­a maneja la situación, no es de extrañar que estos actos se produzcan cada cierto tiempo según sean las necesidades de protagonismo o intereses de quienes manejen estas masas, en el caso actual, poniendo más tensión a la anunciada protesta multitudinaria que espera el partido de gobierno para el dí­a de hoy, tratando de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que ésta permita la inconstitucional candidatura de Sandra Torres.

Intereses o no de por medio, tal y como manda la Constitución, el Presidente de la República tiene la obligación de hacer algo, debe hacer preservar el orden público, hacer que se cumpla la ley, no debe de ser necesario que la Cámara de Comercio interponga un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que ésta ordene al Ejecutivo que resguarde el derecho de locomoción que todos tenemos y que está por encima de los intereses de cualquier grupo de personas.