Estamos en oscuros días de corrupción en los diversos estratos de la superdesarrollada burocracia, sin dejar de lado a las más de 300 municipalidades diseminadas en el territorio nacional.
La Contraloría General de Cuentas de la Nación tiene la gorda obligación de escudriñar entretelas en todos los engranajes del Estado, incluidas «tus munis» hasta de los más apartados lugares del país…
Empero, la CGCN incumple en infinidad de casos sus obligaciones y por eso se cometen malversaciones, desfalcos y demás alcaldadas de tipo económico por parte de quienes hacen y deshacen arbitrariamente, con derroche de abuso y deshonestidad, en muchas de las alcaldías, sobre todo aprovechando el «borreguismo» y la complicidad de los famosos concejos… También, como se sabe, la venalidad de algunos contralores.
La gente que puebla los municipios, siempre intuitiva, por lo regular ejerce control, desde la llanura, de cómo los funcionarios edilicios manejan los caudales provenientes de los arbitrios y demás favelas que les imponen quienes empuñan las riendas de los «gobiernos chiquitos».
Hay alcaldes que, cometiendo verdaderas alcaldadas, se inventan obras materiales innecesarias pero muy «productivas» dentro de lo inmoral o deshonesto. Por ejemplo, edificaciones de mercados, empleo de concreto, asfalto o adoquines en las calles, reconstrucción o recapeos de éstas; remodelación de parques, construcción, reconstrucción o remodelación de edificios municipales, etcétera, y no pocos alcaldes, de acuerdo con concejales de moral a la altura de la suela de los zapatos, gracias a la sobrefacturación nada diáfana, nada transparente, hacen su agosto aunque se esté en enero, en junio, en octubre o en diciembre…
Muchos pobladores han demandado cuentas cabales y claras a algunos alcaldes, pero otros se han quedado quietos, humildemente resignados, ante las garfadas de fieras hambrientas de las indecentes autoridades edilicias.
La Contraloría General de Cuentas de la Nación debe ser celosa, realmente celosa en lo que hace al patrimonio del Estado, y las municipalidades -cabe decirlo con énfasis- son parte del papá Estado.
Los contratos que celebran los alcaldes, avalados por los concejos, no siempre son convenientes ni «cristianos» que se diga. Dejan manos libres para que se muevan bajo los escritorios de los «honestísimos» funcionarios que, estafando a las comunidades y no importándoles un legado nada limpio, nada honesto para sus hijos, perciben dineros de corrupción.
Si no hubiese oportunidad de medrar a más no poder en los altos y bajos engranajes de la administración pública y de las municipalidades, probablemente o seguramente no tendríamos toda una zopilotera revoloteando y cayendo en los puestos de la alegre, frondosa y «dadivosa» burocracia…