«Cuando Dios da, da de junto». No habían transcurrido 30 días de la primera intervención cuando se presentó nuestro segundo trancazo. De nuevo nos enfrentamos a la circunstancia de una nueva difícil situación en el sistema bancario, el Banco Metropolitano y el Banco Promotor, como ha sido extensamente informado por los medios de comunicación ?a diferencia del caso del Banco Empresarial?, debían ser intervenidos por incumplimiento en mantener los encajes que la ley bancaria requiere.
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La Superintendencia de Bancos recomendó la intervención de estos dos bancos de conocidas personas; el presidente del consejo del Banco Metropolitano, Francisco José Alvarado Macdonald, sus administradores titulares: Juan Oltmann Niemann Ahlers, Mario Dávila Alejos, Rodolfo Neutze Aycinena (ex presidente de la Cámara de Comercio), Francisco José Alvarado Rosales y í“scar Moisés Juárez Pérez y el presidente del consejo del Banco Promotor, Julio Enrique Valladares Castillo. Respetando la ley, se procedió con la intervención en los primeros días de marzo de 2001.
Para el Presidente de la República, el Frente Republicano Guatemalteco, esta intervención conllevaba aún más carga emocional que la intervención del Banco Empresarial, dado el hecho que uno de sus principales accionistas y su familia, el señor Francisco José Alvarado Macdonald, había sido un simpatizante y donante económico en la campaña política, como le constaba al entonces secretario de finanzas del partido, Harris Whitbeck Piñol. El Presidente de la República, demostrando su respeto a la ley, avaló las acciones legales que correspondían, de la misma manera que lo hicimos la totalidad de los miembros del Gobierno.
Las consecuencias y acciones legales sucedidas sería oficioso de mi parte reiterarlas, las mismas son y continúan siendo tema de constantes noticias. Sin referirme a éstas, sí debo señalar que el gobierno, en ese momento, adoptó la decisión de respaldar el ciento por ciento de las cuentas de ahorros y depósitos de quienes habían confiado sus recursos a estas dos instituciones bancarias y no se dio el caso que un cuentahabiente no recibiera sus recursos, salvaguardando con ello la confianza en el sistema bancario y evitando su debilitamiento.
El presidente Portillo y su familia, al igual que otros funcionarios de ese gobierno, han recibido la enemistad, el distanciamiento e incluso acciones legales de quien se ha considerado ofendido y ultrajado por estas intervenciones; es decir, se produjo nuevamente un costo político y social, aspecto que en las noticias que frecuentemente se publican no se reconoce; por el contrario, se provoca y manipula la opinión pública al decir en las noticias que el señor Francisco Alvarado Macdonald fue amigo y patrocinador de la candidatura de Alfonso Portillo, hecho que nunca se ha negado, como tampoco se podría negar que el gobierno actual recibió 50 veces más recursos de personas a las que se ha «bañado de ventajas y privilegios» con «significativos reconocimientos» bancarios, económicos, fiscales, publicitarios y políticos por el actual gobierno, en un acto de reciprocidad de los aportes políticos recibidos.
Retrospectivamente, al consultar la información disponible en Internet, cualquier persona puede comprobar que los tres bancos intervenidos ?a los que me he referido? inician su problemática en 1995, no es sino el gobierno del cual fui parte el que en lugar de continuar inflando esta bomba financiera, en un año y fracción de gobierno, opta por terminar con este oneroso problema y aplicando la ley, las autoridades monetarias con un respaldo político del Gobierno, proceden a la intervención de los tres bancos mencionados; decisión que implicó invertir casi Q2,000 millones en salvaguardar el sistema y en evitarle las pérdidas a todos los cuentahabientes de los bancos: Empresarial, Promotor y Metropolitano.
Continuará.