No recuerdo alguna vez en la historia del país en la que la oposición haya decidido cambiar radicalmente el proyecto de presupuesto enviado por el Organismo Ejecutivo. Siempre se ha dicho que el Presupuesto General de la Nación, elaborado por la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, es tan técnico que los políticos no pueden meter las manos en el mismo y se limitan al final de cuentas a aceptar como válida la propuesta e incluir, si mucho, algunos proyectos de interés personal o político de ciertos diputados que tienen el suficiente colmillo para lograr el éxito de sus propuestas.
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De hecho, para asegurar la aprobación del Presupuesto, el Ministerio de Finanzas ha incurrido en acciones deleznables como la inclusión del proyecto conocido como PACUR, que tenía la finalidad de dejar satisfechos a los diputados para garantizar su voto a favor de la propuesta oficial, y de esa cuenta asegurar que todos tuvieran su respectiva tajada en el gran pastel del gasto público. La inclusión de ese trinquete en el presupuesto anterior es una muestra categórica de que en Guatemala las componendas siguen siendo para beneficiar a los políticos sinvergí¼enzas.
Esta vez pareciera que la oposición ha logrado conjuntar suficientes votos para aprobar un Presupuesto General de la Nación radicalmente distinto al propuesto por el gobierno. Se pretende eliminar rubros como el de publicidad y la discutible contratación de personal bajo el renglón 029. El argumento es que siendo este un año electoral, ese tipo de gastos cuyas partidas fueron incrementadas notablemente por el Ministerio de Finanzas, podrían servir para fines de proselitismo y por ello se pretende reducir la asignación. La teoría, expuesta por varios representantes según reportamos en nuestra edición de ayer, es aprobar un presupuesto con un diez por ciento menos de gasto que el elevado a la consideración del Congreso. Estamos hablando de alrededor de tres mil novecientos millones de quetzales que, según los diputados de oposición, no sólo se utilizarían posiblemente para fines electoreros, sino que además no tienen garantizado el ingreso, por lo que la decisión es, entre otras cosas, sana para eliminar el déficit presupuestal.
Habíamos criticado severamente que el Frente Republicano Guatemalteco se hubiera apartado de la oposición en este esfuerzo, según el reporte de la periodista Jennyfer Paredes, pero la misma reportera publica hoy una nota en la que se contradice porque afirma que ese partido está entre los que promueven la rebaja. La verdad es que se trata de un hito en la historia parlamentaria del país y vale la pena que los diputados hagan un verdadero trabajo para colocar el gasto público en su justa dimensión. El Gobierno se verá en dificultades, pero lo fundamental en todo esto es que en los rubros de salud, educación y seguridad se mantengan o mejoren las estimaciones realizadas por los técnicos de Finanzas Públicas, puesto que se trata de mantener la inversión social y privilegiarla frente a otro tipo de gastos.
La experiencia tenebrosa de la forma en que se utilizó la propaganda en temas como la reforestación y el vaso de leche con fines burdamente electorales es algo que obliga a que el Congreso imponga normas precisas y claras sobre la forma en que se tiene que gastar en publicidad y cuáles son las dependencias que podrán usar fondos para informar a la población, no para hacerle imagen a sus titulares.
Sinceramente creo que el paso sería edificante para establecer la separación de poderes y para que cada uno de los organismos cumpla con sus fines con mayor independencia.