La empresa y los trabajadores de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, radicalizaron sus posiciones en torno a la legalidad o no de la paralización del yacimiento, que ayer cumplió seis días, mientras el precio del mineral sigue su tendencia alcista en los mercados internacionales.
«El paro continúa de manera indefinida», dijo el vocero de los trabajadores, Marcelo Tapia.
A los 2.375 trabajadores en huelga, se sumarían ayer, por 24 horas, los 7 mil subcontratados.
Ante la extensión de la huelga, la compañía informó a sus clientes que debió declarar «fuerza mayor», lo que le posibilita incumplir sus contratos de venta, según un comunicado que remitió a la Superintendencia de Valores y Seguros.
«Se ha informado a clientes de concentrado de cobre que, en conformidad con los términos de los acuerdos contractuales vigentes, se ha declarado ‘fuerza mayor’, ya que por las condiciones que prevalecen en la mina se espera un impacto en la capacidad de minera Escondida para satisfacer los volúmenes contratados», añade el comunicado.
Tapia dijo que los abogados del sindicato ingresaron «una batería de recursos judiciales, que incluyen demandas por prácticas antisindicales», a los tribunales de Antofagasta, 1.370 kilómetros al norte de Santiago.
Señaló que tienen pruebas de que personas «han llamado a nuestras esposas de parte de Escondida para decirles que si no volvemos a trabajar, quedaremos cesantes, asustándolas».
Aunque una de las mayores diferencias entre las partes es el monto de un bono exigido por los trabajadores — piden el equivalente a 10.800 dólares líquidos y les ofrecen 6.000 dólares— el nudo del problema radica en si la huelga es legal o no.
El sindicato de Escondida respalda el bono solicitado porque, afirman, durante los últimos 10 meses, el bono mensual de productividad se ha reducido del equivalente de 650 dólares a 195 dólares.
Escondida, controlada por la australiana BHP Billiton, registró en el 2010 una producción cercana a 1,1 millones de toneladas, con las mayores ganancias en la minería privada, que antes de impuestos sumaron 5.635 millones de dólares, más del doble de Collahuasi, de Anglo American, con 2.662 millones de dólares, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre.
La empresa afirma que el paro es ilegal porque se desarrolla fuera de las fechas establecidas para una negociación colectiva, establecida en el contrato de trabajo. Los trabajadores afirman que se trata de «una negociación colectiva no reglada», establecida en el artículo 314 del Código del Trabajo.
Tapia dijo que el frustrado intento de la Inspección del Trabajo por instalar el martes una mesa de negociaciones refuerza la afirmación de los trabajadores de que se trata de una movilización legal.
La vicepresidenta de Asuntos Externos de Escondida, María Olivia Recart, dijo que no están dispuestos a dialogar mientras prosiga la huelga y que no asistieron a la mesa de negociaciones para no legitimar el movimiento. Tampoco descartan los despidos.
«Cuando ocurre una paralización ilegal, hay que atenerse a la legislación vigente y asumir las consecuencias, en un escenario en que ante un bono extraordinario y de un monto considerable, los trabajadores se van a una paralización ilegal. Creo que hay muchos chilenos que se preguntan cómo puede ser esto», dijo Recart, según el Diario Financiero.