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1.    Somos una ciudad que ha superado a través de la historia, por la tenacidad voluntad de sus vecinos y a pesar de la oprobiosa inefectiva administración municipal, las amenazas fí­sicas y los desastres que se producen como consecuencia de gran vulnerabilidad social que presenta la gran mayorí­a de la población.
2.    Somos una ciudad con más de 500 mil vecinos pobres y  en extrema pobreza a pobreza, situación con la que se convive sin que la municipalidad contribuya efectivamente a su solución. En todo caso la desigualdad cada dí­a se agrava como producto de la ideologí­a neoliberal que la municipalidad propone para su enfrentamiento
3.    Somos una ciudad con inadecuados e insuficientes servicios públicos municipales y en especial con serios problemas con relación al agua potable; los drenajes y alcantarillados; la recolección y tratamiento de los residuos sólidos; el alumbrado público y espacios públicos insuficientes para el buen vivir de la población.
4.    Somos una ciudad de inmigrantes y al mismo tiempo expulsora de su propia población, la cual no solo no tiene acceso a la tierra y a la vivienda social, sino que carece de un plan sistemático de provisión de mejoras para la movilización de las y los vecinos (escalinatas, posteado y soluciones viales provisionales).
5.    Somos una ciudad con las mayores tasas de homicidios y hechos violentos de todo el paí­s y de la mayorí­a de ciudades de América Latina y el mundo. Entre las ví­ctimas cabe resaltar la gran cantidad de mujeres (feminicidio), adolescentes, jóvenes y niños/as sin que cuenten con medidas adecuadas y programas  de prevención de faltas y delitos.
6.    Somos una ciudad con una mala administración municipal que ha privatizado los fondos públicos que recoge de los propios vecinos colocándolos en tres fideicomisos que se ocultan a la fiscalización  social y paran favoreciendo a los allegados de las autoridades municipales.
7.    Somos una ciudad sin planes de desarrollo a mediano y largo plazo, con una gestión municipal empresarial y neoliberal que recurre exclusivamente al mercado, sin y no contribuye al desarrollo y participación de las y los ciudadanos.

Sin embargo, cuando profundizamos en el análisis de la situación, constatamos que la  ciudad  de  Guatemala  y  los  municipios  conurbados , se  han convertido en el área metropolitana  más  poblada  y  más  grande  de Centroamérica.

Esta área geográfica y poblacional muestra sin embargo grandes desigualdades.  Por un lado, la ciudad de Guatemala es la sede de los poderes polí­ticos y el centro comercial y financiero del paí­s y por el otro lado es, una ciudad que producto de la historia y del desarrollo desequilibrado del paí­s, ha constituido el foco de la migración de grandes cantidades de personas, que han puesto en la ciudad su residencia, por razones económicas, pero también como resultado de los procesos sociales, históricos y especí­ficamente de la guerra interna que vivió nuestro paí­s por cerca de 40 años. El tejido social y comunitario se ha quebrado, debido tanto a la guerra, como a la represión, las masacres y la migración forzada. La mayorí­a de los migrantes perdieron su estructura social comunitarios rompiendo lazos familiares, identitarios y de sustento material y espiritual de sus vidas.  Y ese rompimiento les condena junto a las condiciones sociales de pobreza y exclusión a vivir una vida precaria.

De esta manera, estamos frente a la realidad de una ciudad de Guatemala que tiene más de un millón de habitantes, y de un área metropolitana, conformada por el municipio de Guatemala y demás municipios del departamento de Guatemala, que alcanza cerca de los cuatro millones de habitantes.

La ciudad de Guatemala es a su vez receptora como expulsora de migrantes de todo el paí­s. En este proceso están especialmente afectadas las poblaciones indí­genas, cuya porcentaje y participación en las actividades de servicios y comerciales es cada dí­a más importante, el resto de municipios del departamento de Guatemala, reciben habitantes de la ciudad, que han colocado como su lugar de residencia, pero especialmente, como “ciudades y colonias dormitorio”  a dichos municipios, generando con ellos una gran variedad de problemas que hoy por hoy no pueden ser enfrentados solamente por la municipalidad de Guatemala.

La realidad demográfica, producto el crecimiento de la población y las corrientes migratorias internas que hemos señalado, más evidentes desde la década de los 80 del siglo pasado, además de la persistencia de un modelo económico atrasado, provocan problemas de atención de servicios básicos de una gran magnitud y trascendencia.

Así­ pues, el mercado y el Estado son incapaces tanto en todo el territorio nacional,  como en la ciudad de Guatemala de ofrecer lotes urbanos para la edificación de viviendas dignas para la mayorí­a de la población trabajadora, y además, modalidades que garanticen la movilidad de más de 3 millones de habitantes que diariamente ocupan al menos dos viajes para conducirse de su casa al trabajo y viceversa. Asimismo, la ciudad se ha visto rebasada en su capacidad de ofrecer agua potable, no solo como consecuencia del colapso de las fuentes tradicionales, sino porque es inminente el colapso de las fuentes producto del manto friático de un subsuelo cada vez más contaminado.

Efectivamente, ante el colapso del sistema de drenajes y alcantarillados y de un adecuado sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos, la ciudad de Guatemala, no solamente provoca altos niveles de contaminación, sino que además, arroja a los municipios vecinos, aguas residuales no tratadas que provocan eco etnocidios en las poblaciones aledañas y terminan por contaminar aún más las fuentes de agua potable que pudiesen ser utilizadas para el consumo humano.

Frente a esta situación, las autoridades municipales que se han desempeñado en sus funciones en los últimos 33 años, es decir, desde 1978, no solo no pudieron dar continuidad a los planes de desarrollo iniciados por el Lic. Manuel Colom Argueta, sino que han impulsado acciones y reglamentaciones orientadas a satisfacer intereses minoritarios.

Se ha considerado por ejemplo, que el desarrollo de la ciudad puede ser enfrentado por medio de un enfoque basado en el mercado, absteniéndose permanentemente en intervenir de acuerdo con la legislación vigente. Este es el caso del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado según el Acuerdo COM-030-08 el dí­a 13 de octubre de 2008, el cual, regula y promueve lo que actualmente se hace, es decir, el desarrollo de una ciudad en función de los propietarios que son vistos como los socios a los hay que asegurar sus inversiones. 

La municipalidad de Guatemala no tiene una visión de la participación plena de la ciudadaní­a. La institución municipal es vista solamente como una mediadora y facilitadora entre actores públicos y privados y no como un ente generador y proveedor de servicios y bienes públicos. En términos generales podemos por lo tanto concluir, que las polí­ticas municipales hasta el momento implementadas, no sólo no resuelven la situación de la población, sino que además, ahondan las desigualdades sociales existentes.

ESTRATEGIA Y POLíTICAS PARA EL DESARROLLO DEL íREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

El planteamiento polí­tico del Frente Amplio para el área metropolitana de la ciudad de Guatemala se basa en tres áreas de polí­ticas pública municipales:

1)    Construir el gobierno municipal de todo el pueblo en la ciudad de Guatemala promoviendo la gestión municipal inclusiva y participativa.
2)    Construir un territorio democrático y sustentable en la ciudad de Guatemala y
3)    Construir una ciudad de Guatemala sujeto y objeto de cooperación internacional intercambiando experiencias y estableciendo lazos de hermanamiento con otras ciudades latinoamericanas.

De esta manera, especí­ficamente para el írea Metropolitana de la Ciudad de Guatemala (Ciudad de Guatemala y municipios conurbados), se postulan las siguientes polí­ticas municipales:

1º.    Forjar la mancomunidad del área metropolitana de Guatemala  en la cual no participa la Municipalidad de Guatemala, como paso previo al establecimiento de otras modalidades polí­tico administrativas de acuerdo con la Constitución y el Código Municipal. La mancomunidad y diferentes tipos de asociaciones de los municipios y de los propios ciudadanos, como los concejos comunales y las juntas de buen gobierno, pueden ser el medio para construir nuevas micro regiones “desde abajo”, motivadas por resolver “solidariamente” problemas comunes y no desde arriba para hacerse de más recursos que se despilfarran en una inoperante gran burocracia. En definitiva los territorios democráticos y sustentables forjados desde el propio seno de la ciudadaní­a son el instrumento que permite la formulación e implementación de las polí­ticas de desarrollo económico, social, cultural y ambiental que en cada territorio y población se requieren para resolver los problemas de las y los ciudadanos.

2º.    Establecimiento del organismo público regional de Saneamiento Básico de carácter intermunicipal entre la Ciudad de Guatemala y los municipios conurbados, responsable de Agua potable, Drenajes y alcantarillados, plantas de tratamiento de residuos lí­quidos y recolección y tratamiento de residuos sólidos.

3º.    Establecimiento de un plan conurbado de vivienda popular orientado hacia la clase trabajadora para garantizar el derecho humano a la vivienda digna y dentro de una concepción urbaní­stica de carácter multi-céntrica, democrática y sustentable que garantice el respeto y desarrollo de los derechos individuales y colectivos de carácter social, económico, cultural y ambiental de todos/as los/as ciudadanos y el desarrollo de espacios urbaní­sticos diferentes de acuerdo con la historia y tradiciones de cada uno de los municipios. En este proceso, las municipalidades establecerán verdaderos planes de ordenamiento territorial, contribuirán al establecimiento del banco de tierras municipales y el fondo para la vivienda popular y para la creación de nuevos espacios públicos, promoviendo, a partir de la organización comunitaria, diferentes modalidades que permitan la construcción de viviendas con el financiamiento del Estado de acuerdo con el anteproyecto de Ley de Vivienda y reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97, la cual el Frente Amplio ha promovido y respalda totalmente.

4º.    Establecimiento del plan de ampliación del transporte público de carácter colectivo garantizando la seguridad de la población y el buen funcionamiento por medio de una Empresa Conurbada de Transporte y Tránsito que se visualiza como un sistema de transporte de personas combinado y complementario con los servicios que en este campo se presan en los municipios conurbanos y áreas incluidas en la región central de Guatemala que todaví­a son rurales.

5º.    Establecimiento de un plan de seguridad democrática urbana de carácter preventivo en todos los municipios del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala como una medida prioritaria.