Al menos cinco diputados han perdido su inmunidad desde 2000 a la fecha. La historia reciente del Congreso de la República demuestra que algunos parlamentarios suelen estar involucrados en hechos ilí­citos cuyas pruebas son irrefutables, por lo que el pleno de la Corte Suprema de Justicia ha tenido que declarar con lugar los antejuicios planteados en su contra.

La legislatura 2000-2003 se caracterizó por la fuerza y el accionar de la bancada Frente Republicano Guatemalteco. El último año, debido al proceso eleccionario, el FRG tomó mayor protagonismo aunque no por hechos benévolos, sino por los disturbios del llamado Jueves Negro, Viernes de Luto y las agresiones verbales contra de la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, durante una audiencia pública en la Corte de Constitucionalidad.

Los actos vandálicos de las hordas eferregistas suscitados el 24 y 25 de julio de 2003, cuando la inscripción del general retirado José Efraí­n Rí­os Montt como candidato presidencial estaba en riesgo, llevó a varios diputados a organizar y participar en grandes movilizaciones de masas que causaron pánico entre la población al bloquear el ingreso al Centro Empresarial en la zona 10, la plaza de los Derechos Humanos frente a la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral.

Por estas multitudinarias manifestaciones que duraron dos dí­as y donde las agresiones contra la Prensa fueron el detonante de la muerte del reportero Héctor Ramí­rez, quien sufrió un paro cardiaco al intentar huir de la turba, fueron planteadas solicitudes de antejuicio contra los diputados del FRG, Baudilio Hichos, Arí­stides Crespo, Julio Morales, Leopoldo Cruz Claverí­a y Juan Santa Cruz Cu, de los cuales solo a los dos últimos se les retiró la inmunidad y actualmente son procesados como ciudadanos comunes, aunque están pendientes de la fecha del juicio.

Por aparte, La Corte Suprema de Justicia declaró con lugar los antejuicios contra los diputados por San Marcos, Luí­s Alberto Contreras Colindres, de la Gran Alianza Nacional (Gana) y por Huehuetenango, Edwin Armando Martí­nez Herrera, de la Unión Democrática (UD) el pasado 30 de marzo de 2006. Contreras Colindres es sindicado de abuso de autoridad y, Martí­nez Herrera es investigado por falsificación de documentos y estupro (engaño a menor de edad).

La demanda contra Martí­nez Herrera fue interpuesta por Miriam Aracelly Chinchilla Ruiz, con quien el parlamentario habrí­a procreado un hijo. Supuestamente, el diputado se aprovechó de ella cuando tení­a 15 años y la habrí­a amenazado para que no lo denunciara.

El último caso y quizás uno de los más polémicos es el de Manuel de Jesús Castillo Medrano a quien la Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad retirarle la inmunidad como parlamentario ayer, tras estudiar el informe circunstanciado de la jueza pesquisidora, Thelma del Cid, sobre su supuesta vinculación con el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacen y su piloto por haber intercambiado más de 50 llamadas telefónicas con Montaña 3, antes, durante y después del crimen.

En la conclusión de la Presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones se detalla: «del análisis se concluye que existen motivos suficientes para creer que existe sustento para ordenar que ha lugar a formación de causa penal en contra del funcionario antejuiciado».

Sin embargo, el caso de Manolito es especial, pues el próximo 14 de enero asumirá la alcaldí­a de la cabecera departamental de Jutiapa, puesto del que resultó triunfante el pasado 9 de septiembre al postularse por el comité cí­vico Del Castillo, es decir que únicamente le quedan 25 dí­as de inmunidad, a menos que la Sala Jurisdiccional de Jalapa emita su informe antes de la toma de posesión y también sugiera que se declare con lugar el antejuicio, por el mismo caso, pero en su calidad de alcalde.