El pasado 11 de noviembre, en una aldea de San Juan Sacatepéquez, se diagnosticó la alta presión de la conflictividad social, por lo que hubo un estallido; pero éste no sólo fue simbólico, sino que alcanzó a hacer detonar una bomba que destruyó parcialmente el puente Chimeneas, que conduce a San Antonio Las Trojes. Un mes después, el Ministerio Público (MP) ha indicado que éste es el «primer caso de terrorismo del país». Sin embargo, la verdad de este hecho tiene aún mucha tela para cortar.
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De acuerdo con vecinos de San Juan Sacatepéquez, el conflicto no es de algunos días, ni siquiera de algunos meses. Probablemente, sus raíces estén muy lejanas en el tiempo, y que empezaron a salirse de la tierra hace aproximadamente un año. Pese a la cercanía de las elecciones (cuya segunda vuelta había concluido la semana anterior al «atentado»), no fue alguna causa política la que motivó este hecho.
Vecinos del lugar, que prefirieron el anonimato para evitar conflictos de intereses, manifestaron que el conflicto principal se puede explicar por el interés de una cementera de instalarse en la región; sin embargo, esta empresa tuvo la contrariedad de tener que ampliar su terreno para hacerlo. Desde ahí, empezaron los problemas, por la negativa de ciertas personas a vender su territorio, pese a que los interesados estaban ofreciendo un pago con plusvalía.
Motivados por esto, según cuentan las fuentes anónimas, algunos caudillos empezaron a soliviantar los ánimos de algunos pobladores, indicando sobre las «posibles consecuencias negativas» que traería el proyecto cementero en el sector.
Desde hace algunos meses, un matutino ya había referido la información, pero que no fue tomada muy en cuenta por las autoridades, debido a que la conflictividad social no llegaba a niveles violentos.
Inicio de hostilidades
Luego de pasar los estudios de impacto ambiental, que según algunos vecinos no siguieron el procedimiento correcto (aunque otros dicen que sí, pero que no se habían dado cuenta del inicio de la vigencia del proceso), la empresa empezó los preparativos para la instalación.
Precisamente, el día que los vecinos de la aldea San Juan Las Trojes, de San Juan Sacatepéquez, intuyeron el paso de maquinaria pesada o al menos de piezas importantes para la instalación, hubo bloqueos de caminos, lo cual condujo, incluso, a la destrucción parcial del puente «Chimeneas».
De acuerdo con el análisis técnico del MP, el puente no quedó completamente inhabilitado, sino que sólo un carril.
Tipificaciones terroristas
De acuerdo con Jorge Luis Donado, fiscal contra el Crimen Organizado, planteó el pasado miércoles la posibilidad de tipificar esta destrucción parcial del puente, como terrorista, lo cual incluye una condena para el o los responsables, de entre diez y 30 años de cárcel.
La tipificación del delito como «terrorismo» está sustentada básicamente en el tipo de explosivo utilizado, el cual no se refería a una «bomba casera o hechiza»; según Donado, la bomba usada y el daño causado estaría encaminando las investigaciones a encontrar verdaderos expertos en explosivos.
«Conocemos, de acuerdo con un informe técnico, cuál fue el tipo de explosivo que se utilizó y el que sirvió para activar la carga explosiva», refirió el Fiscal contra el Crimen Organizado, agregando que esto podría tener la implicación de «personas con la capacidad suficiente para hacer uso de los explosivos y con experiencias en demolición», dijo.
Ayer, en declaraciones, Donado comentó que el explosivo utilizado era «comercial», lo cual exime de suposiciones de bombas caseras.
Aumenta la conflictividad
Varios sectores de la sociedad han protestado en contra el hecho que destruyó parcialmente el puente, y se pide la captura de los responsables; sin embargo, siguen sin investigarse las verdaderas causas que motivaron el ataque, así como las motivaciones que fundamentan el actuar de los vecinos.
Tras la captura ayer de Oswaldo Car García, supuestamente por este caso de «terrorismo», en San Juan Sacatepéquez hubo una fuerte protesta, la cual debió ser contrarrestada por la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con el fiscal Donado, la explosión en el puente «Chimeneas» fue un ataque contra el Estado, pues se destruyó propiedad de él. Para el personero del MP, este hecho, más que afectar los bienes estatales, afecta a la misma población, pues es ésta la que se queda sin una importante vía de locomoción.
Este caso ha sido considerado como el primer hecho terrorista en Guatemala, luego del largo período de guerra; durante ese lapso, el país vivía constantemente de hechos que podrían haberse catalogado en ese delito, debido a que cumplían con la condición de «infundir terror en la población».
Por esa razón, no se descarta que detrás de estos hechos, haya vinculados expertos en bombas, que pueden ser tanto de parte de ex integrantes del Ejército o ex miembros de la guerrilla, sin que esto implique el presencia de estos dos grupos como tal.
El terrorismo, según sus connotaciones universales, es la práctica de infundir el terror entre la población, para que un grupo logre alcanzar algunos objetivos.
Este hecho fue motivado, más bien, por el intento de bloqueo de una vía de comunicación terrestre, para evitar el paso de equipo para la construcción; habitualmente, en Guatemala se viven bloqueos de carreteras, sin que esto signifique terrorismo.
Por ello, vecinos del lugar, especialmente los que ayer protestaban, argumentaban que, más que terrorismo, estaban defendiendo sus derechos, pues se sentían desplazados por la falta de acuerdo para resolver la conflictividad.
Contrastando este hecho del puente Chimeneas, y comparándolo con los sucesos terroristas ocurridos únicamente esta semana en el mundo: en Argelia, donde hubo un doble atentado con carro bomba; en Líbano, donde incluso murió un alto jerarca del Ejército, y los habituales en Irak y los periódicos atentados en España, por parte de ETA, la explosión en San Juan Sacatepéquez se queda muy por debajo de estos verdaderos actos del terror.