Aprueban Ley de Adopciones con mayorí­a absoluta en el Congreso


Las organizaciones sociales se instalaron frente al Congreso de la República con una singular representación de animales. Algunos diputados sonrieron, mientras otros se ofendieron. Quizás prefirieron salvar un poco de su reputación y por ello votaron a favor de la Ley de Adopciones.

Con 109 votos a favor, en un quórum de 110 diputados, fue aprobada en tercera lectura la ley de Adopciones. Los acuerdos alcanzados en la improvisada reunión de jefes de bloque realizada esta mañana dieron resultado, pues la consigna del presidente del Congreso, Rubén Darí­o Morales, era que a partir de hoy, a costa de lo que fuera, la normativa debí­a convertirse en un decreto de la Nación.

Karen Cardona
lahora@lahora.com.gt

El único parlamentario que votó en contra de la iniciativa, ex constituyente, fue Julio Lowenthal, quien adujo que con esta ley «el niño perderá su árbol genealógico. Perderá sus apellidos y su identidad», señaló sin titubear.

La moción privilegiada que alteró el orden del dí­a y que colocó a la Ley de Adopciones como primer punto de la agenda fue presentada por el jefe de la bancada del FRG, Arí­stides Crespo. Como en pocas ocasiones, todas las bancadas y diputados independientes lo apoyaron y procedieron a aprobar la ley en tercera lectura.

De forma insólita, la convocatoria a sesión extraordinaria fue efectiva pues los bloques lograron reunir a la mayorí­a de sus miembros. Ahora el pleno procede a aprobar la ley en redacción final. En esta última fase es donde se plantearán enmiendas. Una de ellas pretende postergar la entrada en vigencia de la norma.

Ente autónomo

La Ley de Adopciones debe ser regulada por un ente que vigile el cumplimiento de cada uno de los preceptos que serán aprobados durante la redacción final. En la comisión del Menor y la Familia, los diputados no lograron ponerse de acuerdo sobre si éste debe ser autónomo o debe estar adscrito a la Procuradurí­a General de la Nación.

Ahora las bancadas deberán llegar a un acuerdo, pues este ente tendrá a su cargo la administración de 10 millones de quetzales que el pleno ya aprobó dentro del presupuesto de la nación para el próximo año.

Si la decisión final es la de crear un ente autónomo se necesitará el apoyo de 105 diputados, y éste estará conformado por un representante de la Corte Suprema de Justicia, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y otro de la Secretarí­a de Bienestar Social que permanecerán en funciones durante cuatro años.

Beneplácito

Las organizaciones pro derechos de la niñez recibieron con beneplácito la aprobación de la Ley de Adopciones en tercera lectura, pero se mantienen vigilantes ante las enmiendas que puedan plantearse durante la redacción final.

Héctor Dionisio, encargado del área jurí­dica de Casa Alianza asegura que la normativa se ajusta mucho a las peticiones que se han hecho para proteger a los niños. «Con esta Ley se cristalizará el proceso de adopción y se acabarán las millonarias remuneraciones para los abogados que se prestan a comercializar con la niñez», declaró.

El cuerpo diplomático que también presenció la aprobación de la Ley, aplaudió la actitud del pleno del Congreso, pues de la mano con el Convenio de la Haya, las adopciones hacia el continente Europeo se incrementarán, sin violentar los derechos de los niños, aseguraron embajadores de España, Italia, Holanda y Bélgica.

Genealogí­a

Julio Lowenthal, diputado independiente, fue el único que no apoyó la Ley de Adopciones. Según él «no es lógico que se plantee la creación de un ente adscrito a la Procuradurí­a General de la Nación o a la Secretarí­a de Bienestar Social, porque es una situación judicial». Aseguró, además, que el menor que sea adoptado perderá su identidad y su árbol genealógico.

El voto razonado del diputado, quien en 1985 participó en la creación de la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala, pasará a la historia, pues quedará textualmente apuntado dentro del acta de aprobación de la ley. En base a sus conocimiento, apuntó el diputado, el artí­culo tres de la Carta Magna, sobre el derecho a la vida, es claro al referir que el Estado debe proteger la vida humana desde su concepción, así­ como la integridad y la seguridad de la persona, por ello decidió no apoyar la ley.