Al MP le queda poco tiempo para presentar más pruebas en antejuicio


El caso del asesinato de los tres diputados salvadoreños conmocionó el paí­s en este año; sin embargo, el MP ha tenido pocos avances para esclarecer este caso.

El asesinato de cuatro ciudadanos salvadoreños en este paí­s el 19 de febrero último provocó un sinnúmero de reacciones. Tres de las ví­ctimas eran miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el otro era piloto del vehí­culo en el que se conducí­an a una reunión del Foro Regional.

Gerson Ortiz
lahora@lahora.com.gt

Tanto El Salvador como los Estados Unidos exigieron de inmediato a las autoridades guatemaltecas el esclarecimiento del crimen contra los miembros del Parlacen. Las instituciones de la Policí­a Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) de Guatemala y El Salvador se unieron a las investigaciones primarias.

El crimen trajo consigo la captura de policí­as implicados, la renuncia de altos mandos de Gobernación y PNC, el antejuicio contra un diputado y el surgimiento de un personaje (Montaña 3), cuya identidad es aún desconocida.

Diputado es vinculado

Tras una publicación matutina se conoció que el diputado independiente Manuel de Jesús Castillo Medrano habí­a tenido comunicación con los cuatro ex policí­as asesinados en El Boquerón. Luego que el MP le solicitara información sobre las llamadas y éste se negara a proporcionarla, fueron emitidas dos solicitudes de antejuicio en su contra por posibles ví­nculos con el múltiple crimen.

Según el MP, el congresista implicado se comunicó además con el polémico personaje llamado «Montaña 3», cuya identidad no ha sido esclarecida por parte de las autoridades guatemaltecas.

Adilio Juárez, abogado defensor de Castillo Medrano, quien además es alcalde electo de Jutiapa, declaró: «Ni el MP sabe quién es, menos vamos a saber nosotros», refiriéndose al personaje «Montaña 3».

Juárez añadió que la acción que la instancia investigadora promovió en contra de su patrocinado, «es un antejuicio instado por parte del gobierno porque quiere buscar un chivo expiatorio en este caso, que todos sabemos que es un crimen de Estado».

El MP planteó dos antejuicios contra Castillo: uno en su calidad de diputado, al cual se le da trámite en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, la jueza Thelma del Cid es la que sigue las pesquisas. El segundo fue enviado al juzgado de Jutiapa, donde es conocido por la jueza Lorena Aifán Dávila.

Entre las pruebas que ha presentado el MP se encuentran los desplegados telefónicos en los que, presuntamente Castillo recibió varias llamadas de «Montaña 3» el dí­a del asesinato de los diputados salvadoreños y su piloto.

Al juzgado de Jutiapa le solicitaron analizar el aparato telefónico que le fue otorgado por el Parlamento Nacional a Castillo.

El abogado de la defensa comentó que ninguna de las pruebas que el MP ha presentado han podido comprobar la participación de su cliente en el hecho.

Tanto Del Cid como Aifán Dávila tienen hasta el 22 de diciembre próximo para declarar si hay lugar a formación de causa y es retirada la inmunidad al congresista para que sea investigado como un ciudadano común.

Sí­ntesis

En menos de 48 horas del crimen, Gobernación y PNC informaron de la captura de los autores materiales del cuádruple homicidio: Luis Arturo Herrera López, de 39 años, José Corky Estuardo López Arriaga, de 28; oficiales, y José Adolfo Gutiérrez, de 36, y Marvin Langen Escobar Méndez; agentes e investigadores de la PNC. Posterior a la anterior captura, éstos fueron ejecutados en la cárcel El Boquerón; Cuilapa, Santa Rosa.

El viernes 16 de marzo, el ex policí­a Marvin Roberto Contreras Natareno, quinto elemento implicado en el crimen, declaró haber visto en vida a los diputados y haber sido retenido durante cuatro dí­as por altos mandos del MP.

El 20 de marzo fueron capturados en Jutiapa: Carlos Amí­lcar Orellana y su hermana Linda Aura Castillo Orellana. En San Rafael Buena Vista, zona 18, fueron detenidos los primos: Mario Javier Lemus Escobar y Obdulio Estuardo Waldemar De León Lemus. Un mes después se dio la detención, en Petén, de Vanner Adí­lcar Morales. Meses después la del sexto ex policí­a: Carlos Orellana Aroche.