El presidente Porfirio Lobo dijo el martes que investiga un espionaje telefónico y del servicio de internet de sus oficinas en esta capital, aunque desconoce a los responsables.
«Hay particulares que están interceptando nuestras llamadas personales y de internet… y verificamos esa situación», afirmó el mandatario en rueda de prensa.
«Tratamos de hacer los correctivos necesarios a fin de tener la protección suficiente y la privacidad en nuestras llamadas telefónicas», expresó.
Admitió que «hay personas que han tenido acceso a mi correo electrónico y han interceptado mis conversaciones telefónicas de manera ilegal».
Sostuvo sin embargo que «cuando hago una llamada telefónica asumo que otras personas podrían escucharme y que también podrían leer mis correos electrónicos… y no hay ningún problema».
Expresó que «pronto dispondremos del equipo necesario para identificar de quién se trata (los que lo escuchan e interceptan sus mensajes por internet) y en qué lugares lo están haciendo porque eso es ilegal».
El ministro de Defensa, Marlon Pascua, había declarado a periodistas en la víspera que «la inteligencia militar analiza el espionaje cibernético y las escuchas telefónicas presidenciales».
Informó que «ese trabajo lo realiza la Guardia Presidencial», cuyo cuerpo lo integran unos 1.000 militares que protegen al mandatario y su familia.
Pascua declinó decir si las autoridades han identificado a los responsables de las acciones ilícitas.Pero anticipó que «en los próximos días daremos a conocer un informe detallado sobre la situación y las nuevas medidas de seguridad que se aplican en la Casa de Gobierno y la residencia del presidente».
Nuevas disposiciones en torno a Lobo y su familia se ejecutan desde la semana pasada, después de que el gobernante denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por impulsar nuevos impuesto para mejorar la seguridad en Honduras.
Atribuyó las amenazas a «los que se oponen a pagar la tasa de seguridad porque a los pobres no tenemos de donde sacarles y a los ricos sí».
Hizo alusión así a que el Congreso aprobó a finales de junio una ley para recaudar unos 400 millones de dólares en cinco años con el objetivo de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia que agobia al país.
En la historia hondureña el único magnicidio fue perpetrado contra el presidente José Santos Guardiola (1856-1862), a manos de un miembro de su guardia personal el 11 de enero de 1862 en su propia casa.