El contralor general de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos, expresó que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen la obligación de devolver los 170 millones de quetzales que no fueron invertidos en el proceso electoral del presente año.
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El contralor Mencos fue tajante al indicar que «el dinero que le trasladaron al Tribunal Supremo Electoral era específico para el proceso electoral 2007, por consiguiente yo creo que es ilegal y antiético que lo pretendan utilizar en otras inversiones».
Integrarán comisión
En este mismo caso, al inicio de la sesión ordinaria que se realizará mañana en el pleno del Congreso de la República se integrará la comisión pesquisidora que deberá de conocer el antejuico contra de los magistrados del TSE, que la Corte Suprema de Justicia decidió archivar.
De acuerdo a lo explicado por el diputado del Partido Patriota y primer vicepresidente de la junta directiva del Congreso, diputado Oliverio García Rodas, la comisión deberá ser conformada por cinco diputados que serán elegidos por sorteo y tendrán 60 días para dictaminar lo que consideren conveniente.
Antecedentes
El antejuico contra de los magistrados titulares y suplentes del TSE se originó como resultado de Frente Nacional de la Dignidad Guatemalteca al considerar que habían incurrido en nueve delitos durante el pasado proceso electoral, entre los cuales destacan violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, omisión de denuncia, retardo malicioso e inclumplimiento de deberes.
De acuerdo a lo manifestado por el jurista Hiram Sosa Castañeda, quien en nombre de las organizaciones políticas (exceptuando a la UNE) presentó la acción legal el 23 de octubre en el departamento de Acción Penal del Organismo Judicial, «el ente encargado del proceso electoral (TSE) no tuvo la capacidad para retener la propaganda anticipada, ni descubrir el financiamiento de los partidos políticos,: además inscribió candidatos sin el finiquito respectivo y autorizó un acuerdo que contiene la actualización de datos sin presentarlo al Congreso de la República».