Al parecer las actuales autoridades de gobierno pretenden a toda marcha realizar millonarias inversiones, con lo cual solamente provocarí­an el endeudamiento de los funcionarios de la próxima administración, como la pretensión de contratar los servicios de una empresa francesa, para poner en funcionamiento el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), al servicio de la Policí­a Nacional Civil (PNC) a un costo de 30 millones de dólares.

Esto ha generado el rechazo total de diputados de las distintas bancadas del Congreso de la República, por la secretividad con la que se ha manejado esta negociación y tomando en cuenta que a las actuales autoridades les falta menos de dos meses para entregar sus cargos, por lo que se considera que esta inversión debe ser evaluada por los funcionarios del próximo perí­odo.

Como principal responsable de esta acción considerada por los congresistas como anómala, se señala directamente a la ministra de Gobernación Adela Camacho de Torrebiarte y a sus cercanos colaboradores.

Algo imposible

A criterio del diputado Jorge Luis Ortega Torres, presidente de la Comisión Nacional Extraordinaria de Transparencia, resulta imposible que, a estas alturas, los funcionarios estén pretendiendo realizar esta millonaria inversión, pues con ello lo único que provocarán será heredar la deuda al próximo gobierno, pues no tendrán el tiempo necesario para conocer los resultados del sistema. Por esa razón rechazamos que las actuales autoridades de gobierno invirtieran 19 millones de quetzales en el proceso de transición, finalizó Ortega Torres.

Modus operandi

A criterio del diputado Leopoldo Cruz Claverí­a, representante del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) por el departamento de Escuintla, se podrí­a tratar de la misma empresa francesa que durante los últimos meses del gobierno del ex presidente Alfonso Portillo se acercó para ofrecer implementar el mismo sistema en el paí­s, pero fue rechazado.

El diputado Cruz Claverí­a considera sospechoso que se ofrezca este servicio cuando un perí­odo de gobierno está por concluir, lo cual de ser aceptado, podrí­a generar sospechas en la actual ministra Camacho y de su cuerpo de asesores.

«El FRG se mantendrá vigilante en este caso como lo hizo cuando se pretendió realizar una inversión similar y cometiendo los mismos delitos, por las autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal, la cual se pudo detener por nuestra intervención», concluyó el parlamentario representante por el departamento de Escuintla.

También la UCN

De igual manera se han pronunciado diputados de otras bancadas representadas en el Legislativo, como lo hizo ver el secretario de la Comisión de Finanzas, Julio Morales Arévalo, de la Unión del Cambio Nacionalista (UCN), al expresar que estarán vigilantes de las acciones y transferencias económicas que pretendan realizar las actuales autoridades durante el tiempo que falta para concluir su gestión.

«Nosotros debemos cumplir con nuestra labor como diputados y fiscalizadores del gasto público, para de esa manera devolverle a la población, la confianza que nos depositó a través del voto», agregó el parlamentario representante por el departamento de Zacapa.

Finalmente, el diputado Morales Arévalo se comprometió a estar vigilante y solicitará la información respectiva y detallada a la ministra Camacho, sin descartar la posible citación de la funcionaria, en caso encuentre anomalí­as en el proceso.

Los diputados coincidieron en que «la ministra Camacho de Torrebiarte no cumplió con publicar las bases de licitación dentro del tiempo establecido en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional como lo manda la ley y de acuerdo al documento emitido, la documentación deberá entregarse directamente a la Junta Receptora nombrada, el dí­a 22 de noviembre de 2007 a las 14:00 horas, en el salón de recepciones de la Subdirección General de Finanzas y Logí­stica de la Policí­a Nacional Civil, ubicada en la 16 avenida 14-00 zona 6».

El documento agrega que «transcurridos 30 minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de manifestaciones de interés, la Comisión Receptora no aceptará ninguna más y se procederá a la apertura de las mismas, para los efectos legales correspondientes».

Aunque existen al menos dos empresas mundiales más que podrí­an brindar este servicio, no fueron informadas dentro del tiempo establecido para ofertar, por lo que los diputados también la consideran como una competencia desleal.