Activistas coinciden en que los modelos de persecución y violencia contra lí­deres de organizaciones sociales son similares en América Latina.

Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron la semana pasada en Nebaj´, Quiché en el encuentro Sur ? Sur, donde se analizaron las formas en la que estas entidades se ven afectadas por la violencia.

Antonio Cabas, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación de Guatemala, indicó que desde hace más de 50 años el Estado es el mayor violador de derechos humanos, en tanto que se ha caracterizado por la persecución de lí­deres y opositores.

Cabas señala que los grupos indí­genas son los más afectados por la violencia directa y discriminación, que se refleja en los bajos niveles de desarrollo económico y social en poblaciones rurales, donde la población es mayoritariamente indí­gena.

Adicionalmente, la violencia social, que se refleja en los altos í­ndices de delincuencia y la aparición de las pandillas juveniles en la sociedad son indicadores de un Estado fallido, apunta el entrevistado.

Condiciones similares

Una situación similar se vive en México, asegura Efraí­n Hernández, representante del Servicio Paz y Justicia en América Latina, donde la violencia social ha cobrado miles de ví­ctimas, especialmente en las zonas costeras y fronterizas.

«Es difí­cil luchar contra la violencia social y las actitudes represivas de un gobierno derechista, que no respeta las tierras y derechos de los grupos indí­genas», opina Hernández.

Al comparar ambos sistemas, en los que se acusa al Estado de violar los derechos humanos, las similitudes son evidentes, al igual que la lucha de las organizaciones sociales y sindicales.

En Colombia la situación presenta algunas variantes, Claudia Castro de la Corporación Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Ví­ctimas de Violencia Polí­tica de Colombia (AVRE), considera que los grupos paramilitares y guerrilleros intervienen y marcan la diferencia.

«El Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se enfrentan constantemente, pero la sociedad se queda en medio de los conflictos y resulta siendo la principal ví­ctima», indicó John Giraldo de AVRE.

Según estimaciones del gobierno colombiano, 3 millones y medio de personas han sido desplazadas por la guerra civil, lo que ha generado problemas dentro de la sociedad, como la desintegración familiar y la falta de valores morales en la juventud.

Presentan denuncias

En las reuniones de Sur ? Sur también participaron representantes de Sahara Occidental, quienes denunciaron la conflictividad con el gobierno de Marruecos, que interviene constantemente las zonas independientes.

A su vez, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) representante de Guatemala denuncia el asesinato de 250 mil ví­ctimas del conflicto armado interno,

en las que el Ministerio Público y entidades gubernamentales no ha procedido a investigar, al igual que decenas de estados latinoamericanos y africanos.