Las últimas cifras expuestas en el país con relación al tema de la pobreza reflejan a nivel general que la incidencia de este fenómeno a nivel nacional es de 51 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por el INE, en 2006, señala que un 15.20 por ciento corresponde a la pobreza extrema y un 35.80 por ciento restante pertenece a la pobreza no extrema.
En base a lo anterior se puede asumir que las condiciones de vida en Guatemala no son equitativas por diferentes aspectos, entre los cuales se encuentra el tema del acceso a la justicia en los sectores más desposeídos.
Eduardo de León, de la Fundación Rigoberta Menchú, opina que la población de escasos recursos en el país, no tiene ningún acceso a la justicia: «nosotros consideramos que en ese campo uno de los servicios más caros y que debería garantizar el Estado es la justicia», apuntó.
De León citó que una persona sin recursos económicos no cuenta con los medios para pagar una defensa si estuviera implicada en alguna falta o delito y que en el caso de ser afectado o ser víctima no tampoco los tiene para empujar los procesos judiciales.
El entrevistado dijo finalmente que: «el Estado debería favorecer políticas de desarrollo, de empleo y mejorar salarios; en función justamente de que la población pueda contar con recursos para acceder a la justicia y la seguridad», y añadió que la situación de debilidad del sistema es vulnerable a los grupos, personas y sectores de poder que generan un Estado de impunidad.
Desigualdad
Clara Arenas, de la Asociación para el avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), indicó que el principio de igualdad de las y los ciudadanos ante la ley, «no es del todo cierto».
En el caso del acceso a la justicia laboral en el campo «es difícil y se necesita hacer una pelea muy fuerte para que se cumpla con los preceptos de la legislación laboral», manifestó Arenas.
Este aspecto, según la analista, se debe a una causalidad compleja ya que a su juicio ha sido el Estado guatemalteco el que ha construido algunas diferencias que se convierten en desigualdad. La entrevistada añadió que históricamente los términos de diferencias culturales y de género se han traducido como desigualdades y «no necesariamente lo diferente es desigual, sino sólo diferente», enfatizó.
La entrevistada por AVANCSO apuntó que los efectos de la desigualdad generan un sentimiento de indefensión y una idea, basada en la experiencia, sobre que no se va a lograr que se haga justicia, lo cual crea bases sociales muy débiles para el Estado.
Pueblos indígenas
Una gran mayoría de guatemaltecos es representada por la población indígena, la cual totaliza un 74.95 por ciento de pobreza, según la Encovi 2006 del INE, aspectos que ubican a los pueblos indígenas como uno de los más afectados con relación al acceso a la justicia.
Amílcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, señala que la institucionalidad del Estado no ha logrado satisfacer las necesidades de justicia de la población indígena.
El entrevistado basó lo anterior en tres aspectos: «son dos visiones culturales distintas, por lo tanto mientras que no se considere la visión cultural de un mundo indígena no pueden satisfacerse sus necesidades básicas como sociedad y colectivo», indicó el entrevistado.
Segundo: «la misma institucionalidad de la administración de justicia no ha tenido la capacidad para llegar a todas las áreas del país, pues no hay presencia del Organismo Judicial en todo el país».
Finalmente, Pop explicó que no existe una capacidad de garantizar algunos criterios como idioma y respeto a la cultura, así como una integralidad de visión multicultural en la administración de justicia para poder atender al mundo indígena.
Desde el Estado
Entre las recientes iniciativas del Estado para el trabajo en el tema del acceso a la justicia se encuentra el proyecto piloto de asistencia legal gratuita a personas víctimas de violencia y temas de familia, el cual atiende casos de pensiones alimenticias, violencia psicológica y emocional y violencia física y sexual. í‰ste brinda el servicio a personas de escasos recursos.
El anterior fue impulsado por el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), con el apoyo de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), y la Coordinadora para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI), y funciona en ocho sedes en todo el país.
Gloria Sandra Biassini, directora de la Unidad de Planificación y Cooperación Extranjera, explicó que los programas que existen para atender la problemática de las víctimas de violencia, sólo un diez por ciento se dedica a la asistencia jurídica y seguimiento de casos, lo cual pone de manifiesto la debilidad en el tema de la justicia.