Un grupo de abogados que considera ser afectado como resultado de la entrada en vigencia de la Ley de Adopciones en el paí­s a partir del 31 de diciembre del presente año espera ser atendido por la junta directiva del Congreso de la República para exponer sus planteamientos.

De acuerdo con lo expresado por el licenciado Enrique Urí­zar, representante de los afectados, buscarán los mecanismos para ser recibidos en audiencia por los congresistas que a partir del próximo martes se reunirán para establecer consensos, lo cual evitará que al momento en que la iniciativa de ley sea ingresada al pleno del Congreso se apruebe sin ningún tropiezo.

El entrevistado consideró que ellos como parte afectada en este proceso no fueron tomados en cuenta por las autoridades desde el momento en que comenzaron la discusión de la iniciativa de ley identificada con el número legislativo 32-17, por lo que insistirán en buscar acercamiento con la junta directiva del Congreso, con los integrantes de la comisión del Menor y la Familia de ese organismo para plantearles su situación.

En la mesa multisectorial que fue conformada para el efecto, de acuerdo con lo expresado por Urí­zar, no fueron incluidos por lo que continuarán buscando el mecanismo para ser escuchados, indicando que alrededor de 5 mil procesos de adopción se encuentran en pleno desarrollo en la actualidad, los cuales no deberán ser afectados con la entrada en vigencia de la iniciativa de ley.

También se verán afectadas unas 5 mil cuidadoras que por muchos años han sobrevivido de esta manera, en al menos 300 hogares establecidos para la permanencia de los menores durante el proceso de adopción, consideró Urí­zar.

Tomando en cuenta que la iniciativa tiene más enmiendas que artí­culos, es necesario, de acuerdo con lo expresado por Urizar, elaborar una nueva, pero previo a ello reunirse con todas las partes involucradas, para establecer los acuerdos necesarios y que ésta al momento de ser aprobada llene todos los elementos y requisitos necesarios.

El proceso de abandono de los niños dura al menos tres años, expresó el profesional del Derecho, lo cual en algunas ocasiones ha desmotivado a las familias que lo pretenden adoptar, añadió, expresando que luego de realizar un análisis minucioso a la iniciativa que se pretende aprobar en el Congreso, han establecido al menos siete inconstitucionalidades.

Por esa razón consideró necesario reunirse con los diputados y autoridades involucradas, pues de lo contrario, en el preciso momento que sea aprobada en el pleno del Organismo Legislativo, acudirán a la Corte de Constitucionalidad a presentar los recursos respectivos a efecto sea revisada y corregida.

Caso particular es que no se continúa adoptando en Guatemala sino que se hace en Ucrania, China y Rusia, donde lo particular cuando entró el Convenio de La Haya no afectó porque el Estado absorve los gastos de todo el proceso.

La citada iniciativa ya fue aprobada en tercera lectura y solamente falta discutirla por artí­culos y redacción final en el pleno del Organismo Legislativo.