Estudios del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) indican que la evasión tributaria repercute fuertemente en la inversión social.
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La problemática de la evasión fiscal en Guatemala, de la que se tiene poca información es, según Carlos Barreda, coordinador del írea de Estudios Fiscales y Presupuestarios de CIIDH, una de las principales causas que no permiten el desarrollo de una sociedad, de tal forma que no genera la conformación de una identidad de nación.
Al respecto, Barreda indicó que la falta de cultura tributaria y la débil política de persecución e investigación de evasores son los principales factores que desencadenan una serie de problemas que afectan a toda la población, incluyendo los vacíos presupuestarios y la falta de fondos para la inversión pública.
Evasión sin consecuencias
Datos de la CIIDH apuntan que el 40 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se evade por medio de trámites fraudulentos, mientras Carlos Zúñiga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) asegura que el Estado deja de percibir 12 mil millones de quetzales por el contrabando de mercadería que ingresa al país sin pasar por las aduanas.
A pesar de que la legislación contempla penas para los evasores, la investigación de los casos de evasión fiscal es deficiente, de tal forma que el Análisis de los Procesos Administrativo y Penal en Casos de Evasión Tributaria en Guatemala indica que en el 2006, de 1,001 casos de negocios que tenían infracciones tributarias, únicamente 590 fueron cerrados.
Barreda refiere que el fortalecimiento del Ministerio Público y del Organismo Judicial es necesario para que las investigaciones sean efectivas y se procese a los evasores como lo dicta la ley, así también estimó necesaria la investigación de los casos de evasión del Impuesto Sobre la Renta, del cual se poseen pocos datos.
Problema social
«…Los impuestos que no percibe el Fisco afectan considerablemente la salud, educación, seguridad, alimentación y otros aspectos de inversión social que son sumamente importantes para la sociedad», apuntó Barreda.
Al respecto Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) afirmó que el problema debe ser considerado como una prioridad, de tal forma que las entidades del Estado deben esforzarse para reducir el monto de pérdidas.
En el análisis de CIIDH se recomienda crear en los departamentos, juzgados especializados en materia tributaria, así también trasladar a la Superintendencia de Administración Tributaria la atribución de presentar denuncias a delitos tributarios, además renovar el diseño de nuevas políticas de legislación y administración de los procesos de evasión.
Finalmente, los expertos consideran que la política tributaria debe evitar cualquier esquema percibido como represor de las personas de escasos recursos operando en la informalidad, y por el contrario se debe incentivar a este sector que representa aproximadamente el 70 por ciento de la economía nacional.
Ante la discusión sobre la extensión por un año más del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los acuerdos de Paz (IETAAP), las opiniones de analistas y empresarios muestran las dos tendencias.
Carlos Zúñiga, presidente del CACIF, considera que la extensión afectaría considerablemente al sector productivo nacional, de forma tal que considera necesario reordenar el presupuesto y establecer prioridades para no afectar la inversión en el área social.
«Contrario a desmotivar las inversiones, es necesario readecuar el presupuesto porque sabemos que hay suficientes fondos… pero hay que fiscalizar el gasto para que después no haya agujeros», apuntó Zúñiga.
Por otro lado, Hugo Maúl del CIEN dijo: «la extensión de IETAAP es el menor de los males, lo considero necesario para ampliar el gasto público y cubrir las deficiencias presupuestarias».