La Liga Pro Patria presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción legal en contra del decreto que dio luz verde a la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por considerar que existen varios vicios en su aprobación.
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Los juristas aseguran que el decreto 35-2007 por el cual fue aprobado el acuerdo de la creación de la CICIG, viola el procedimiento de formación de la ley debido a que cuando se presentó la iniciativa no existían circunstancias de hecho que ameritaran la declaratoria de urgencia nacional, por la iniciativa que fue remitida a la comisión de relaciones exteriores del Congreso de la República.
El abogado José Luis Gonzáles Dubón, presidente de Liga Pro Patria, expuso que el 1 de agosto, los congresistas procedieron a votar a favor de la iniciativa sin aprobar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Gonzáles asegura que el trámite era que la CICIG regresara a la antes citada comisión o a cualquier otra, y no fue así.
«Volvieron a votar, la declararon de urgencia nacional y la aprobaron sin que estuviera en la orden del día sin que la ley orgánica del Congreso se los permitiera, por lo que violaron otra serie de artículos de la formación de la ley», subrayó el entrevistado.
Perspectiva
Según la Liga Pro Patria: «los candidatos presidenciales estuvieron sujetos a una gran presión de la burocracia internacional, a tal punto que se vieron obligados a tratar a los diputados como que fueran borregos, olvidándose que representan al pueblo?»
El presidente, la parte demandante afirma que amenazaron y expulsaron a los que votaran en contra, y citó el caso del diputado César Fajardo, a quien según afirmó lo criminalizaron por votar en contra de la creación de la CICIG.
Inconstitucionalidad
La esencia de la acción legal contra la reiterada comisión expone que: los diputados violaron el proceso legislativo, declararon de urgencia nacional un decreto que no lo ameritaba, no se dio información previa a los diputados para el debate como lo exige la ley orgánica, no le dieron oportunidad de hacer objeciones y que violaron la orden del día entre otros.
Los abogados que presentaron esta acción aseguran que los parlamentarios «pasaron por encima de la constitución, de la ley orgánica del Congreso, de la moral y de los intereses de Guatemala, al soslayar el dictamen desfavorable de la Comisión de Relaciones Exteriores».
Punto de vista
Javier Monterroso, del programa de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales en temas de Seguridad (FOSS), opina que cualquier persona o entidad tiene el derecho de plantear su inconformidad ante la creación de dicha comisión, sin embargo añadió que comparten los criterios vertidos en la misma.
Monterroso añadió que los argumentos que se plantean parecen más de base ideológica que legal.
El analista finalizó diciendo que debido a que los índices de efectividad del MP son muy bajos (por lo que sólo el 3 por ciento de casos se resuelven), y la impunidad es muy alta, es evidente que el sistema de justicia de Guatemala ha colapsado y las instituciones han sido incapaces de garantizar la justicia, por lo cual es necesaria la instauración de la CICIG, en un estado que no responde ni garantiza la disminución de la impunidad ni la seguridad de sus ciudadanos.