La Declaración sobre los Derechos de Pueblos Indí­genas aprobada el pasado 13 de septiembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas debe ser considerada en la legislación y el sistema de justicia en Guatemala, aseguran analistas.

Francisco Calí­ Tzay, delegado del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación, indicó que la Declaración, a pesar de ser «no vinculante» deberí­a ser considerada por el Estado de Guatemala como una herramienta para su uso legal en los próximos años.

«Así­ como la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es mencionada en salas de tribunales, también deberí­amos empezar a estudiar los postulados de la nueva declaración para incluirlos en nuestro diario vivir», declaró.

Asimismo, el representante de la ONU estimó necesario reformar el sistema jurí­dico que se utiliza actualmente para dar cabida a la visión de los pueblos mayas, que históricamente han sido excluidos y discriminados sistemáticamente.

Al respecto, Anders Kompass, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que el sistema jurí­dico debe considerar los derechos de los pueblos indí­genas y su propio sistema de justicia, que hasta el momento no se ha tomado en cuenta.

La pobreza es un obstáculo

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006, el 55.60 por ciento de la población que vive en condiciones de pobreza pertenece a la etnia indí­gena, de tal forma que no tiene la capacidad de cubrir el costo mí­nimo de los alimentos y servicios básicos para vivir en condiciones dignas.

Al respecto, Kompass observó que la pobreza es el principal obstáculo que impide a la población indí­gena desarrollarse integralmente, en consecuencia, este grupo no tiene oportunidades para incidir en las polí­ticas de nación.

Asimismo, señaló que el principal desafí­o del próximo presidente será reducir las cifras de pobreza, a través de un reordenamiento del gasto público y el fortalecimiento de las instituciones del Estado y de esa forma crear un ambiente de participación que incluya a todos los grupos étnicos que conviven en el paí­s.

La Declaración

Según la Declaración ?que contó con 143 votos a favor y 4 en contra? los pueblos indí­genas tienen derecho a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en la normativa internacional, en una doble dimensión: como personas individuales y como pueblos.

Asimismo se consideran aspectos especí­ficos como la posesión y control de tierras, que obliga a los Estados a no desarrollar actividades militares en tierras o territorios indí­genas sin previa consulta, y la autodeterminación, que asegura su participación en las consultas.