Alrededor de 5 mil personas realizaron una caminata para exigir a los operadores de justicia que se investigue y procese a los militares implicados en los hechos de violencia durante el conflicto armado interno.

Familiares de las ví­ctimas y organizaciones de la sociedad civil exigieron al Estado de Guatemala el esclarecimiento de los casos de genocidio, en los que responsabiliza a las fuerzas militares del Ministerio de la Defensa y a la desaparecida Policí­a Judicial durante el perí­odo 1960-1996.

«Diez años después de los crí­menes en contra de los defensores de los derechos humanos, estudiantes universitarios, opositores al sistema y sociedad civil, exigimos que los responsables paguen por sus acciones que han quedado impunes durante mucho tiempo», indicó Edwin Monterroso del Movimiento Nacional de Ví­ctimas.

Monterroso asegura que Guatemala tiene un «retraso» en el proceso de esclarecimiento en comparación con otros paí­ses de América Latina, como la situación actual de Argentina, en donde ya se ha condenado a responsables de crí­menes de lesa humanidad durante las dictaduras.

Asimismo agregó que el trabajo de investigación, que ha sido obstaculizado por personas vinculadas a las masacres, debe realizarse con prontitud y no «dejar al tiempo» una importante actividad para que los responsables del conflicto paguen antes de escapar.

Por su parte, Miguel Quiej, organizador de la marcha, explicó que el Programa Nacional de Resarcimiento no tiene claridad de sus funciones, en tanto que únicamente ha organizado a las poblaciones para que reciban un pago significativo y no representa un apoyo significativo para las pérdidas que han sufrido las ví­ctimas.

La marcha concluyó en la Plaza de la Constitución, donde los manifestantes se pronunciaron contra la impunidad y el retroceso en el proceso de paz.