La Comisión contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) comenzó a ser una realidad luego del voto favorable en el parlamento nacional. Con la visita del delegado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), como fiscal encargado de la anterior instancia esta semana, se concretó aún más.
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El 4 de septiembre de 2007 entró en vigencia la ley que permite la instauración de la antes citada comisión, luego que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, presidida por Zury Ríos (FRG), emitió un dictamen desfavorable por considerarla inconstitucional, 110 diputados en pleno votaron a favor de la iniciativa de ley y ésta fue remitida al Organismo Ejecutivo, quien la sancionó.
Tras la entrada en vigencia, la ONU delegó a Carlos Castresana Fernández como director de la CICIG.
En las breves reuniones de reconocimiento y planteamientos generales que Castresana tuvo con el Ejecutivo y los principales funcionarios del sector justicia, no se profundizó en la logística de funcionamiento de la comisión.
Sin embargo, las perspectivas sobre las investigaciones posteriores a la entrada en funcionamiento de la citada comisión (en enero) y las demandas que los sectores de la sociedad civil plantean sobre la misma, comienzan a hacer eco.
Expectativas
Hellen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, espera que el fiscal delegado para la CICIG, levante su propio diagnóstico e indique, en base a los recursos y a la institucionalidad de la misma: «qué tiene hasta donde va a llegar».
«Lo más importante en este caso es que van a desatar procesos que deberían contribuir al fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia, en especial el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), para tratar de terminar con la impunidad que está carcomiendo a Guatemala», subrayó.
La analista opinó que la participación de personas que pertenecen a instituciones del Estado con antecedentes de impunidad y corrupción va a contribuir a la depuración de operadores o funcionarios que son parte de los grupos ilegales y aparatos clandestinos.
Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), comentó que una de sus expectativas que la comisión tiene es que «fomente y cree instrumentos que vayan modificando la lógica de impunidad y violencia que se ha instalado en el país para ejercer el poder».
Asturias cree que el hecho que funcionarios de instituciones del país con casos de impunidad, integren la CICIG «es un riesgo y es muy alto».
«Tanto el MP como la PNC son entidades infiltradas y que no tienen voluntad de apoyar el combate al crimen organizado. Si van a colaborar agentes de esas instituciones que se depuren», enfatizó el entrevistado.
Eduardo de León, director de la Fundación Rigoberta Menchú, comentó que el hecho de la instalación de la CICIG, demuestra la deficiencia, insuficiencia, incapacidad y la falta de voluntad del sistema judicial guatemalteco y del sistema de justicia en general para investigar y perseguir el crimen organizado.
«La comisión puede dejar mucho aprendizaje e insumos para reformar el sistema de justicia», acentuó.
Javier Monterroso, del Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales en Temas de Seguridad (FOSS), comentó que la principal expectativa es que las autoridades actuales y próximas en el país, presten toda la colaboración al fiscal a cargo de la institución.
Monterroso agregó que «la persona asignada posee los conocimientos adecuados para desarrollar el cargo que le fue otorgado».
Demandas
La sociedad civil a través de las diferentes organizaciones, se ha pronunciado ante la instalación de la referida comisión. Lo anterior debido a que es dentro del mismo estado donde habitan las más gruesas raíces de la impunidad en Guatemala.
La entrevistada de la Fundación Myrna Mack manifestó: «yo desearía que se rompa la impunidad en el país, porque en la medida que la impunidad siga prevaleciendo no vamos a tener un Estado de derecho».
El representante de la Fundación Rigoberta Menchú señaló: «expresamos nuestro apoyo y pedimos que las entidades del Estado involucradas creen todas las facilidades para que la CICIG opere en condiciones de seguridad y con la libertad que la propia ley les otorga.
El FOSS por su parte indicó que: «una de las principales demandas es que el primer análisis sirva a los encargados (de la CICIG) para hacer una propia agenda de trabajo. Que no vayan a generar una agenda por la demanda, sino que seleccionen a qué casos van a dar seguimiento».
El analista agregó que es necesario que los funcionarios extranjeros tengan en cuenta las particularidades del sistema judicial del país; que es necesario un estudio previo de cómo funcionan, aquí, las instituciones de justicia, y que el Ejecutivo no sugiera casos «con nombre y apellido», sino que tengan independencia y no se dejen absorber por la demanda del gobierno «porque los va a poner a investigar los casos de su propia agenda», resaltó.
¿Por dónde empezar?
Los entrevistados opinaron respecto a los casos que deberían ser investigados como prioridad una vez inicie los trabajos la CICIG en enero.
Javier Monterroso (FOSS):
«Lo importante es que agarre los casos de cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, que tienen capacidad de generar impunidad dentro de otro poder, como el económico. Estos grupos son las propias instituciones del Estado».
«No es bueno que inicie en las mafias como dice Stein (vicepresidente), sino en estructuras que tienen poderes paralelos en el MP y el Organismo Judicial, y que no dejan que avancen otros casos.
Myrna Mack (Fundación Myrna Mack):
«Yo creo que eso se lo podríamos dejar al fiscal que será el que nuevamente con la información que tiene va a determinar su forma de entrada.»
«Es muy prematuro porque no sé con cuánta gente o cómo como va organizar el comisionado la CICIG.» Si tiene o no fondos, los convenios que se van a firmar con el MP o gobernación indicó.
Sandino Asturias (CEG):
«Como dice el propio mandato, creo que debe investigar asesinatos y casos que atentan el derecho a la vida.
«Los casos de escuadrones de la muerte y grupos de ejecuciones extrajudiciales. El tema más grave siempre es el homicidio.»
Eduardo de León (Fundación Rigoberta Menchú):
«Creo que hay casos paradigmáticos, como aquellos en los cuales están involucradas entidades del Estado. Todos sabemos que en el Estado está incrustado el crimen organizado.»
«El caso de los diputados salvadoreños, porque es un caso grave a la luz de la propia investigación criminal de la PNC.»
«El asesinato contra mujeres también es importante, no sólo por las debilidades propias del sistema, sino por la saña con que los crímenes son cometidos.»
«No sólo hay que investigar a gente que está vinculada al crimen, sino a criminales del pasado vinculados a violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.»
Experiencia del delegado
El español Carlos Castresana Fernández posee una larga trayectoria en el área de las ciencias jurídicas.
El juez español obtuvo el título de abogado en la Universidad Complutense, de Madrid, España, y ha realizado estudios avanzados en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, en Estrasburgo, Francia.
En 2005 recibió el nombramiento como Fiscal del Tribunal Supremo de España, anteriormente se había desempeñado en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos, relacionados con la corrupción, para lo cual investigó y persiguió casos de corrupción ante la Audiencia Nacional y otros tribunales españoles.
Desde 2006 coordina un programa sobre la prevención del crimen y el uso ilegal de drogas, que forma parte de un plan de seguridad pública de cinco años de duración para el estado mexicano de Nuevo León.
Desde 1993 hasta 1995 trabajó en la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico ilegal de drogas.
De 1995 a 2005, Castresana trabajó en la Fiscalía Anticorrupción española, donde estuvo a cargo de casos importantes de la Audiencia Nacional de España y en otras instancias.
Casos
Entre los casos que ha investigado se encuentran el llamado caso Tele 5, sobre las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Marbella y ex presidente del club futbolístico Atlético de Madrid, Jesús Gil, en el que se investiga la supuesta conducta delictiva.
Castresana presentó en la Audiencia Nacional, el 28 de marzo de 1996, en nombre de la Unión Progresista de Fiscales, la denuncia por genocidio, tortura y terrorismo contra el ex presidente y dictador chileno Augusto Pinochet, lo cual tuvo como resultado la detención de éste en Londres. También participó en casos como el del político italiano Silvio Berlusconi.
Premio Nacional de Derechos Humanos (1997) en Estrasburgo, Francia. Es doctor honoris causa por las universidades de Guadalajara, México y Chile. Ha sido profesor de Derecho Penal de la Universidad de San Francisco, Estados Unidos, y Carlos III, de Madrid. Trabaja actualmente en la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) con sede en México.
¿Por dónde empezar?
«Lo importante es que agarre los casos de cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, que tienen capacidad de generar impunidad dentro de otro poder, como el económico. Estos grupos son las propias instituciones del Estado».
«No es bueno que inicie en las mafias como dice Stein (vicepresidente), sino en estructuras que tienen poderes paralelos en el MP y el Organismo Judicial, y que no dejan que avancen otros casos.
Javier Monterroso (FOSS):
«Yo creo que eso se lo podríamos dejar al fiscal que será el que nuevamente con la información que tiene va a determinar su forma de entrada.»
«Es muy prematuro porque no sé con cuánta gente o cómo como va organizar el comisionado la CICIG.» Si tiene o no fondos, los convenios que se van a firmar con el MP o gobernación indicó.
Myrna Mack (Fundación Myrna Mack):
«Como dice el propio mandato, creo que debe investigar asesinatos y casos que atentan el derecho a la vida.
«Los casos de escuadrones de la muerte y grupos de ejecuciones extrajudiciales. El tema más grave siempre es el homicidio.»
Sandino Asturias (CEG):
«Creo que hay casos paradigmáticos, como aquellos en los cuales están involucradas entidades del Estado. Todos sabemos que en el Estado está incrustado el crimen organizado.»
«El caso de los diputados salvadoreños, porque es un caso grave a la luz de la propia investigación criminal de la PNC.»
«El asesinato contra mujeres también es importante, no sólo por las debilidades propias del sistema, sino por la saña con que los crímenes son cometidos.»
«No sólo hay que investigar a gente que está vinculada al crimen, sino a criminales del pasado vinculados a violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.»
Eduardo de León (Fundación Rigoberta Menchú):
El español Carlos Castresana Fernández posee una larga trayectoria en el área de las ciencias jurídicas.
El juez español obtuvo el título de abogado en la Universidad Complutense, de Madrid, España, y ha realizado estudios avanzados en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, en Estrasburgo, Francia.
En 2005 recibió el nombramiento como Fiscal del Tribunal Supremo de España, anteriormente se había desempeñado en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos, relacionados con la corrupción, para lo cual investigó y persiguió casos de corrupción ante la Audiencia Nacional y otros tribunales españoles.
Desde 2006 coordina un programa sobre la prevención del crimen y el uso ilegal de drogas, que forma parte de un plan de seguridad pública de cinco años de duración para el estado mexicano de Nuevo León.
Desde 1993 hasta 1995 trabajó en la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico ilegal de drogas.
De 1995 a 2005, Castresana trabajó en la Fiscalía Anticorrupción española, donde estuvo a cargo de casos importantes de la Audiencia Nacional de España y en otras instancias.
Casos
Entre los casos que ha investigado se encuentran el llamado caso Tele 5, sobre las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Marbella y ex presidente del club futbolístico Atlético de Madrid, Jesús Gil, en el que se investiga la supuesta conducta delictiva.
Castresana presentó en la Audiencia Nacional, el 28 de marzo de 1996, en nombre de la Unión Progresista de Fiscales, la denuncia por genocidio, tortura y terrorismo contra el ex presidente y dictador chileno Augusto Pinochet, lo cual tuvo como resultado la detención de éste en Londres. También participó en casos como el del político italiano Silvio Berlusconi.
Premio Nacional de Derechos Humanos (1997) en Estrasburgo, Francia. Es doctor honoris causa por las universidades de Guadalajara, México y Chile. Ha sido profesor de Derecho Penal de la Universidad de San Francisco, Estados Unidos, y Carlos III, de Madrid. Trabaja actualmente en la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) con sede en México.