La falta de un empleo permanente y con prestaciones sociales es uno de los principales males económicos que de manera permanente afecta a la población guatemalteca y que se agravó en los últimos años. Este problema es resultado, entre otros factores, de un modelo de crecimiento económico que no fomenta generación de empleo conforme al crecimiento de la población y de la ausencia de una polí­tica laboral dirigida a crear empleo.

En el 2010 el paí­s contaba con 5.8 millones de personas en capacidad de trabajar, de ese total 3.5 millones, equivalente al 61%, se encontraban en situación de subempleo y 203 mil se encontraban desempleadas.  Tanto la tasa de subempleo como de desempleo aumentó respecto a la encuesta de empleo realizada en 2004, cuando la tasa de subempleo fue de casi 56% y la de desempleo de 3.1%.

En la práctica las cifras del empleo a 2010 indican que 6 de cada 10 guatemaltecos en edad de trabajar no tienen un empleo permanente durante todo el año o no trabajan las horas diarias que están en posibilidad de trabajar.  Esta situación afecta más a las personas que viven en el área rural que las que habitan en el área urbana.  En  efecto, el 52% de las personas subempleadas reside en el área rural y 48% en el área urbana.  Del total de subempleados, 6 de cada 10 son hombres y los restantes 4 son mujeres.  La población indí­gena representa 4 de cada 10 subempleados.

Las cifras muestran el deterioro del mercado laboral guatemalteco en los pasados 6 años, en especial en lo que respecta al aumento del subempleo.  La problemática de empleo en Guatemala radica en el subempleo,  en especial en el área rural que afecta a hombres, aunque también afecta a las mujeres en número significativo. La población indí­gena también está afectada por el subempleo en un número importante, alrededor de 1.5 millones de indí­genas estaban subempleados en 2010.

La falta de un empleo permanente tiene significativas implicaciones para el desarrollo del paí­s.  Impide que casi 3.5 millones de personas puedan generar ingreso suficiente y en forma permanente para superar la pobreza y la extrema pobreza.   Asimismo, obliga a miles de guatemaltecos cada año a emigrar del paí­s en busca de una oportunidad de empleo.

El problema del subempleo en Guatemala visibiliza que el Estado no es capaz de implementar una polí­tica laboral encaminada a reducir la incidencia de dicho fenómeno, al punto que puede decirse que en Guatemala es casi inexistente la polí­tica laboral en lo que respecta a garantizar el derecho humano de contar con un empleo.  En este sentido es necesario reorientar la función del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.  Se requiere que su actuar esté más orientado a formular una polí­tica pública que incentive la creación de empleos, en particular orientada al área rural y con orientación a la mujer.  También es impostergable reorientar el accionar de la polí­tica pública hacia un modelo de crecimiento con empleo, el modelo vigente hasta ahora ha sido un modelo de crecimiento sin empleo.  Por el bien de las generaciones futuras dicho modelo no puede seguir, hacerlo significa condenar a los jóvenes a desempleados o subempleados.
La necesidad de empleo está latente entre la población, las encuestas revelan que, después del tema de inseguridad, una de las mayores preocupaciones de los guatemaltecos es la falta de empleo.   Para el FRENTE AMPLIO los guatemaltecos deben emplearse con el goce de las libertades y derechos  individuales y colectivos, con garantí­a de cumplimiento de la ley laboral, sin discriminación y con remuneración digna y justa por lo que  promoverá relaciones laborales armoniosas, el diálogo entre sectores y escuchará las demandas de los sectores laborales y patronales, pero no tolerará el incumplimiento de la ley laboral, las prácticas antisindicales. El FRENTE AMPLIO hace preferencia en la libertad sindical, la negociación colectiva, el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales en la materia que beneficien a los trabajadores guatemaltecos e impulsará, entre otras, las siguientes medidas:

1. Trabajo digno
Velar por el cumplimiento irrestricto de la ley laboral nacional e internacional y garantizar el ejercicio de los derechos laborales. Desde la esfera administrativa terminar con la impunidad laboral y devolverle al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la facultad sancionatoria de las faltas a nivel administrativo; hacer efectiva la Inspección General de trabajo y no tolerar ni facilitar la intromisión de la parte patronal en las decisiones y cumplimiento de las ordenanzas laborales; promover una instancia de diálogo tripartito y permanente para lograr la dignificación del empleo.

2.  Reestructuración del Ministerio De Trabajo Y Previsión Social
Consolidar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en sus objetivos esenciales; dotar de presupuesto adecuado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social; hacer funcional a la Inspección General de Trabajo reestructurándole totalmente;  hacer del Ministerio de Trabajo y Previsión social un ejecutor de la polí­tica de fomento y desarrollo del sindicalismo y la negociación colectiva; redefinir el papel del Ministerio en la fijación de la polí­tica de recreación y en la de capacitación de los trabajadores especialmente  en lo que toca al INTECAP.
 
3.  Gobierno popular y de los trabajadores
Desarrollar al máximo la libertad Sindical para lograr que la buena práctica sindical se convierta en motor del desarrollo económico y social del paí­s. Asimismo la negociación colectiva para convertirla en una polí­tica de Gobierno para que este instrumento se convierta en motor de desarrollo, profesionalización y modernización de las relaciones laborales.

4. Agenda legislativa
 Entre otra legislación se  promoverá la oralización de la justicia laboral en el plano individual y colectivo y la devolución a la Inspección General de Trabajo de su facultad sancionatoria en la ví­a administrativa.