La falta de recursos, el endeudamiento y la centralización en la toma de decisiones colocan a las municipalidades en serios aprietos para ejercer sus funciones. Ochenta y nueve comunas están altamente endeudadas, y de éstas, 3 utilizan prácticamente todo su presupuesto en pago de intereses y capital. Aún cuando existe una Ley General de Descentralización, no ha habido voluntad polí­tica para echarla a andar y hace falta que el Congreso apruebe con urgencia un Plan de Arbitrios Municipales.

En el año 2002, el Congreso de la República aprobó la Ley General de Descentralización, la que junto con su reglamento servirí­an de marco para iniciar el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo hacia los municipios. En sistemas democráticos de corte representativo, como el guatemalteco, la descentralización tiene el objetivo acercar lo más posible a la población a la toma de decisiones y garantizar que la inversión pública se priorice de acuerdo a las necesidades reales de las comunidades. Sin embargo, el actual sistema de toma de decisiones permanece centralizado, y es en la capital, donde se deciden cuáles son las prioridades de inversión tanto municipal como comunitaria.

Marí­a Elena Cruz, de la Asociación Nacional de Mujeres en el Gobierno Municipal (Asmugon) aseguró que los municipios, como gobiernos locales, están en mejor conocimiento de las necesidades de la población que lo que podrí­an estar los funcionarios radicados en la capital. «Sólo a través de una descentralización efectiva donde se le den atribuciones y recursos a los municipios, podremos hacer realidad el desarrollo del paí­s», indicó.

En Guatemala, la descentralización del Organismo Ejecutivo, es decir, de los ministerios y secretarí­as, únicamente puede hacerse hacia las municipalidades, pues son los únicos dos niveles de gobierno que existen en el paí­s, y que cuentan con autoridades democráticamente electas. Sin embargo, el proceso de descentralización no ha dado los resultados esperados, y las municipalidades no han logrado incidir en los criterios estipulados en la ley, dijo la experta.

«La transferencia de atribuciones ha sido muy escasa. De hecho, se ha dado sólo en determinadas municipalidades y en temas muy puntuales como regular el tránsito» sostuvo.

Uno de los factores que impide una mayor descentralización en el paí­s tiene que ver con la falta de financiamiento para impulsar programas de salud, educación y seguridad. Dora del Cid, quien fue alcaldesa de San Antonio La Paz, El Progreso, aseguró que las municipalidades no cuentan con suficientes recursos. «Dependemos únicamente de los recursos que el Estado traslada», indicó Del Cid.

Por la falta de recursos, muchas municipalidades enfrentan problemas de endeudamiento, hasta el punto de que casi el ciento por ciento de su presupuesto se destina al pago de capital e intereses; aún así­, el Congreso se ha negado a aprobar un plan de arbitrios municipales, a pesar que existen alrededor de 15 propuestas. Por ejemplo, le resulta más caro a una municipalidad imprimir las boletas para el cobro de impuestos a restaurantes y bares de su localidad que los Q2 mensuales que los dueños de locales deben pagarle en concepto de impuestos.

En la actualidad, los municipios cuentan con tres formas de financiamiento: las transferencias constitucionales, el IVA PAZ y la distribución del petróleo. Los ingresos propios los constituyen el IUSI, el Boleto de Ornato, los anuncios por vallas publicitarias y la distribución del servicio de cable. De acuerdo con investigaciones de instituciones que impulsan la descentralización, a la fecha 89 municipalidades están altamente endeudadas, de éstas, hay 3 que prácticamente lo que reciben lo usan para pagar la deuda contraí­da.

«Sin ingresos suficientes la descentralización no puede concretarse» señaló Marí­a Elena Cruz de Asmugom. «Lo que vivimos es una descentralización a la carta, donde cada quien hace lo que puede, con lo que puede» comentó.

Otro ámbito importante a nivel municipal y comunitario son las autoridades tradicionales.

Miriam Curruchiche, de la Asociación de Alcaldes y Autoridades Indí­genas, AGAAI, señaló que, cada vez más, las autoridades municipales y las autoridades indí­genas tradicionales trabajan conjuntamente para garantizar el bienestar de la población. «En varias municipalidades se ha tomado en cuenta a los ancianos, ya que ellos aportan mucho por la experiencia de vida que han tenido», aseguró.

Las alcaldí­as indí­genas impulsan la participación de las comunidades desde su cosmovisión. Han promovido consultas sobre proyectos que podrí­an afectar a la localidad y buscan una mayor inclusión de los pueblos indí­genas en los puestos de decisión. «Trabajamos porque se tome en cuenta y se impulse el Convenio 169 de la OIT, así­ como exigir que se cumpla con los Acuerdos de Paz», señaló Curruchiche. «También buscamos que se realicen consultas vecinales sobre proyectos mineros», agregó.